Masiva manifestación contra el decreto del sector público andaluz

Los funcionarios de la Junta de Andalucía no están dispuestos a dar una tregua al Gobierno socialista. A pesar de que el Ejecutivo no ha parado de desdecirse de sus intenciones iniciales, ha rectificado varias veces y ha detenido el reloj para negociar en el Parlamento la reordenación del sector público andaluz, los funcionarios siguen exigiendo no sólo la derogación del decreto que hay en vigor -que de hecho está paralizado-, sino también del actual proyecto de ley.

Esta norma pretende dar cobertura legal a la eliminación de 111 empresas públicas para agruparlas en 14 grandes agencias. La Junta estima que de este modo se ahorrará 118,3 millones de euros en tres años. Los trabajadores de la Junta afectados por esta decisión son 23.476, de los que 2.069 son funcionarios, 1.474 personal laboral de la Junta y 19.933 personal laboral de las entidades instrumentales. En Andalucía, 269.999 personas tienen nómina de la Junta.

"Tanta gente no puede estar manipulada", dice la portavoz del CSIF

Las negociaciones de despacho de los grupos políticos no han rebajado en nada la desconfianza de las organizaciones sindicales de los funcionarios, que ayer hicieron una nueva demostración de fuerza al celebrar una multitudinaria manifestación en Sevilla, la segunda en dos meses.

Los organizadores estimaron la asistencia en unas 50.000 personas, una cifra muy exagerada, pero que ni la Policía Local de Sevilla ni la Subdelegación del Gobierno quisieron desmentir al negarse a facilitar datos oficiales. Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía contabilizaron a unos 10.000 asistentes. La marcha recorrió un itinerario de unos tres kilómetros, desde el palacio de San Telmo hasta la sede del Parlamento, por la ronda histórica de Sevilla.

La manifestación estaba encabezada por un ataúd. Detrás de él, los representantes de los 14 colectivos convocantes portaban una pancarta con la leyenda Por un servicio público de calidad, no a la privatización.

Pertrechados con bocinas y silbatos, los manifestantes enfocaron sus críticas hacia los trabajadores de las empresas públicas, a los que llaman enchufados. "Ferretería San Telmo, enchufes de todo tipo", rezaba una de las pancartas. Los sindicatos sostienen que el decreto, que ahora se desarrollará mediante una ley, pretende equiparar a los trabajadores de los entes instrumentales, que no han pasado por una oposición, con los funcionarios. El Gobierno andaluz lo niega de manera tajante y ha retado a partidos y sindicatos a que digan en qué párrafo del decreto ahora vigente se garantiza ese enorme favor.

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, fueron los nombres más coreados por los manifestantes con frases como "Griñán, cariño, colócame a mi niño", "Griñán, no te enteras es la Junta entera" o "Aguayo vete ya y llévate a Griñán". Otras consignas fueron: "Andalucía no es vuestro cortijo" y, una de las más repetidas, "Pumba, pumba, pumba, el cortijo se derrumba".

Los representantes sindicales dejaron claro, como ya hicieron en el trámite de audiencia en el Parlamento, que no están dispuestos a facilitar la negociación al Gobierno, si no se empieza de cero, es decir, se deroga el decreto.

Alicia Martos (CSIF) acusó a Griñán de "ceguera" ante el "clamor de los empleados públicos" y negó que las protestas estén alentadas por la oposición. "Tanta gente como hay hoy no puede estar manipulada a la vez", dijo. Rocío Luna (Ustea) opinó que la reordenación propuesta supone una "pérdida de derechos no sólo para los empleados públicos, sino también para todos los ciudadanos, porque pone a la Administración en manos de quien gobierne".

Al final de la marcha se leyó un comunicado en el que se arremete contra "la Administración vertical con intereses partidistas" donde impera "el ordeno y mando".