Educación destituirá a 34 inspectores que nombró a dedo
El concurso deberá tener un tribunal elegido por sorteo
La Consejería de Educación, que dirige Alejandro Font de Mora, destituirá a finales de este mes a los 34 inspectores nombrados a dedo en comisión de servicios y consolidados en la polémica oposición de 2007, en un concurso con un tribunal constituido de forma irregular. La consejería ha redactado ya la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -que en septiembre pasado ordenó la nulidad de las oposiciones para acceder al cuerpo de inspectores- tras una denuncia de Fete-UGT, que fue avalada en diciembre por el Juzgado de lo Contencioso en otro recurso judicial planteado por CC OO.
La resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está redactada desde diciembre pasado y procede de la Dirección General de Personal. En ella, se "anulan todas las actuaciones realizadas en el procedimiento de acceso al cuerpo de inspectores convocado por la orden del 24 de abril de 2007" y se "comunica al ministerio la sentencia, para hacer efectiva la anulación del nombramiento como funcionarios del cuerpo de inspectores". El nuevo concurso tendrá que tener un tribunal imparcial, nombrado por sorteo, y no a dedo por la Dirección General de Personal.
Red de afines al PP
El Consell ha aplazado al máximo la ejecución de una sentencia que "le desprovee del núcleo duro de inspectores creado con militantes del PP, personal que en su mayoría ha ejercido de interventor y vocal en las mesas electorales", sostiene Luis García Trapiello, de CC OO. "Este cuerpo ad hoc ha realizado persecuciones de directores y obligado a los docentes a implantar normas contrarias a la Ley Orgánica de Educación, como la orden que obligaba a traducir al inglés Educación para la Ciudadanía".
El PP, que había llegado a la Generalitat en mayo de 1995, emprendió en enero de 1996 una batalla legal para destituir a los 24 inspectores de carrera que opositaron bajo el Gobierno autonómico socialista. La consejería ejecutó de inmediato la orden del TSJ de 2000. Pero en 2001, una sentencia del Tribunal Supremo, del juez Pascual Sala, tachó el fallo de "error judicial" y obligó a indemnizarlos.
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