Empresarios del listado protegido de Ibarra niegan trato de favor de Hacienda

Los primeros empresarios que declararon ayer en el juicio por presunto trato de favor recibido del ex jefe de la Inspección Fiscal de Vizcaya, Juan Ramón Ibarra, no aportaron novedades al caso. Se escudaron en que sus declaraciones de ingresos las tramitaban sus asesores y que no buscaron ser beneficiados por el máximo responsable técnico de controlar el fraude fiscal.

La tercera jornada de la vista oral que se celebra en la Audiencia vizcaína, en la que Ibarra se enfrenta a 11 años de cárcel y tres funcionarios de Hacienda a ocho años cada uno, fue la menor duración y se zanjó en apenas dos horas pese a que declararon seis testigos: tres empleados forales y otros tres empresarios. Entre éstos, uno de los dueños del grupo Laminación y Derivados, que aparece en el listado de Ibarra de presuntamente protegidos (la clave del caso, ya que la Fiscalía asegura que sirvió para que no se inspeccionase a los integrantes de dicha lista) con un total de 35 contribuyentes pertenecientes a cuatro familias. El declarante dijo ayer que no intentó buscar un trato de favor.

Dos industriales declaran que nunca trataron con el imputado

Este empresario expuso que la relación con Hacienda era a través de un despacho de abogados fiscales y que, cuando decidieron la venta del grupo, se encargó a estos asesores que gestionaran el pago de la plusvalía de la operación "para tratar de pagar lo mínimo dentro de la ley". Explicó que presentaban declaraciones confidenciales al encontrarse amenazados por ETA. Uno de los argumentos de Ibarra para explicar la existencia del listado protegido -ningún otro funcionario de Hacienda podía acceder a ella sin el permiso del ex jefe de la Inspección Fiscal- es que servía para incluir a amenazados por el terrorismo y a empresas con dificultades, porque el criterio de esta Hacienda "es no perder un puesto de trabajo salvo que el contribuyente fuera un caradura, lo que no ha ocurrido nunca", dijo en su declaración en la primera jornada del juicio, el pasado lunes.

Como el anterior industrial, aseguró que nunca trataron con el principal imputado. Un miembro del grupo Aguinaga Llantada, del que en el listado de Ibarra figuran hasta 45 contribuyentes, apenas aportó datos y dijo que de los asuntos fiscales se encarga su hermano.

El tercer industrial, dedicado al negocio de la chatarra, dijo que tuvo una reunión con Ibarra y el director de Hacienda entre 1999 y 2003 Javier Muguruza para evitar un juicio penal por una deuda fiscal, que al final terminó en una vista en un juzgado de Barakaldo al negarse a un acuerdo los dos responsables de Hacienda.

Dos funcionarios que declararon ayer coincidieron en que conocían el listado personal de contribuyentes del principal acusado pero que no les parecía "nada raro". Ante las preguntas de la fiscal jefe, explicaron cómo funcionaba el sistema de trabajo en la Hacienda foral y restaron importancia al sistema implantado. "Como era del jefe, sería por algo", manifestaron.

También cuestionaron la traba informática en el listado, que impedía acceder al listado a otros funcionarios. "El efecto aviso era para no duplicar esfuerzos", señalaron, una tesis idéntica a la expuesta por Juan Ramón Ibarra, quien ha argumentado que se evitaba que interveniesen funcionarios del área de gestión y de la inspección a la vez. El tercer funcionario, la secretaria de Ibarra, afirmó desconocer la existencia del listado.

La vista en la Audiencia de Vizcayaque continuará mañana, tiene que acoger aún a otros 143 testigos, a lo largo de este mes y el próximo. Entre ellos se encuentran el actual diputado general, José Luis Bilbao, y su antecesor, Josu Bergara, que no figuraban al iniciarse el juicio. Pero tras la petición de la defensa de Ibarra, el tribunal aceptó incluirlos para que expliquen las decisiones tomadas al destaparse el caso, entre ellas la destitución de Ibarra en 2004 tras 15 años en el cargo.