La utopía de Internet universal

Todo el mundo, habite donde habite, tiene derecho a poder contratar una línea telefónica. Y a tener una cabina en su pueblo, por más remoto que se encuentre. E incluso a figurar en una guía telefónica si así lo desea. Pero en la era de Google y Facebook tener acceso a Internet no es todavía un derecho, al menos en España. El llamado servicio universal garantiza a los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, una serie de servicios mínimos de telecomunicaciones. Internet está a punto de entrar en esos mínimos aunque habrá que esperar al menos un año.

El Gobierno, que había prometido que toda la población tendría garantizada por ley la conexión a Internet el 1 de enero de este año a una velocidad mínima (bajada) de 1 megabit por segundo (Mbps), ha dado un paso atrás -el Ministerio de Industria de Miguel Sebastián niega tajantemente la palabra rectificación- y ha ampliado el plazo al 31 de diciembre de 2011.

Más de medio millón de hogares siguen conectados con banda estrecha

La 'ley Sinde' ha eclipsado la tramitación de esta norma

El Gobierno ha retrasado un año la entrada en vigor de la ley

Rouseff promete llevar Internet a las favelas aunque sea con dinero público

La reforma histórica se ha introducido en la Ley de Economía Sostenible (LES), pero ha pasado desapercibida porque la llamada ley Sinde, también incluida en una disposición de la LES, que trata de perseguir a las páginas de descargas de películas y música, ha acaparado todo el protagonismo. La normativa pasará al Senado la semana que viene y, a la espera del reglamento que la desarrolle, será una realidad a lo largo de este año. De esta forma, cualquier ciudadano, aunque viva en una aldea perdida, tendrá derecho a reclamar a la Administración si no le dan la posibilidad de contratar una línea de banda ancha (el servicio universal solo garantiza la contratación a un precio adecuado, no la gratuidad).

El asunto no es baladí. Primero, porque hay 536.000 hogares en España que no tienen la posibilidad de conectarse a Internet más que a la ridícula velocidad primigenia de 56 kbps, la que ofrece la línea telefónica del par de hilos de cobre sin más (la llamada banda estrecha). Y segundo, y no menos importante, porque hay una trifulca considerable entre los operadores entre sí, y entre todos ellos y el Gobierno por saber quién costeará ese servicio universal cuyo importe nadie se atreve a cifrar. Lo único que se sabe es que el Estado, como ya ha dicho Industria, no correrá con el gasto y lo distribuirá entre las compañías.

La discriminación del internauta no es exclusiva en España. La Unión Europea no dispone de ninguna legislación al respecto y se ha limitado hasta el momento a fijar objetivos en sus sucesivas Agendas Digitales, que la mayoría de los Veintisiete han incumplido sistemáticamente. Para paliar esa laguna, la Comisión Europea prepara una directiva que incorpore Internet al servicio universal. La situación es tan desigual por países que las propuestas, que se harán en los próximos tres meses, pueden quedar al final más en una declaración de intenciones que una normativa concreta.

Maite Arcos, directora general de Redtel, la asociación que agrupa a los principales operadores (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono) aclara que el servicio universal puede financiarse, de acuerdo con la actual normativa europea, con cargo a fondos públicos o a cargo de las empresas del sector. Y únicamente en siete países de la UE, entre los cuales figura España, han elegido esta segunda fórmula. "No existe un servicio universal en electricidad o en agua ni en el servicio postal, cuya ley de servicio universal acaba de ser aprobada el 30 de diciembre, pero financiado por el presupuesto público. Estamos dispuestos a ayudar a prestar esta obligación pero siempre que la financiación también sea pública".

Los países emergentes también se están concienciando de que una de las claves de su despegue es "Internet para todos". El camino es lento. En Latinoamérica, solo Chile con su Estrategia Digital 2007-2012, parcialmente México (Agenda de Conectividad) y ahora Brasil tienen planes concretos para llevar la banda ancha a todos los lugares. El caso del país carioca es singular. Primero Lula da Silva y luego su sucesora, Dilma Rousseff, están dispuestos a garantizar el acceso a la Red a la última favela aunque tengan que resucitar el antiguo monopolio público (Telebrás) ante el desinterés de los operadores privados, que obtienen lucrativos beneficios con un servicio caro y de mala calidad en los núcleos urbanos.

En España, el servicio universal vigente está legislado en la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 (desarrollada por el reglamento de 2005). Incluye las siguientes obligaciones: acceso a una línea telefónica que no solo permita llamar sino también navegar a "velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet" (banda estrecha); una guía que se actualice anualmente; un número de información telefónica (11818), cabinas públicas y ofertas o tarifas diferentes para jubilados y discapacitados.

En noviembre de 2009, el ministro Miguel Sebastián aprovechó la feria de contenidos digitales (Ficod) para anunciar la inclusión, como parte integrante del servicio universal a partir del 1 de enero de 2011, de una conexión de banda ancha a una velocidad de 1 mega (bajada), garantizado las 24 horas del día. Y lo incluyó en el artículo 52 de la LES, la ley estrella de Zapatero para salir de la crisis. Un año después, a finales de noviembre de 2010, se aclaró que la obligación se desplazaba hasta el 31 de diciembre de este año. Aunque el Ministerio lo niegue, la rectificación es palpable si se tiene en cuenta que el propio artículo de la LES fija que "antes del 1 de enero de 2011, se aprobará el reglamento que establezca las condiciones de acceso de banda ancha a la red pública". Y si ni siquiera se ha aprobado la ley, mucho menos el reglamento.

Al margen de plazos, lo relevante es que ese artículo fija una serie de condiciones que han pasado inadvertidas para asociaciones de internautas y consumidores. La conexión podrá ser provista a través de cualquier tecnología, es decir, que también podría ser Internet móvil. Además, el Gobierno podrá actualizar por decreto esta velocidad de acuerdo con "la evolución social, económica y tecnológica".

El Ejecutivo se guarda también un as en la manga: podrá fijar un precio máximo para las conexiones. De la redacción ambigua del artículo no se sabe si podría determinar el abono mensual o solo limitar lo que cuesta llevar la línea al domicilio, es decir, el alta del servicio.

"El Gobierno llega tarde y encima lo hace mal. No podemos hablar seriamente de Internet de calidad con un mega de velocidad. Eso es una chapuza. El usuario ya no solo ve su correo electrónico sino que tiene otros requerimientos, como el acceso a contenidos audiovisuales. Y tampoco se asegura que ese servicio se vaya a dar a unos precios razonables. Lo que debe hacer es fijar unos precios de referencia, como ha hecho la UE con las llamadas al extranjero. Tenemos uno de los precios más caros", dice Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

Con todo, la normativa sitúa a España en la avanzadilla de los países desarrollados en este terreno. El dilema es que nadie quiere pagar la fiesta y menos en tiempos de crisis. Para empezar, se desconoce el coste de llevar a Internet a todos los hogares españoles. Ni Industria, ni la CMT, ni la patronal Ametic, ni Redtel se atreven a dar cifras. Pero expertos independientes hablan de cerca de 500 millones de euros en el despliegue de la red y no menos de 30 millones anuales de mantenimiento, puesto que son zonas deficitarias.

Por el momento, el peso recae sobre Telefónica. Desde la liberalización de las telecomunicaciones en 1998, el antiguo monopolio ha sido el encargado de prestar el servicio universal. Cada año debe hacerse cargo en principio de este servicio y luego la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) decide cómo se reparte entre los operadores. Hasta ahora, Telefónica solo recupera alrededor el 30% de lo invertido, que le abonan Vodafone y Orange. El resto de los operadores no paga.

Para 2008, último ejercicio sobre el que se han hecho los cálculos, el coste fue de 74,85 millones. Si se añade la banda ancha a esas obligaciones el coste podría dispararse por encima de los 100 millones de euros. A ningún operador le interesa el servicio universal, cuyo concurso queda desierto convocatoria tras convocatoria. Así que el Gobierno ha tenido que volver a imponer a Telefónica que se haga cargo hasta el 31 de diciembre de 2011. De hecho, la situación se puede prolongar indefinidamente, ya que una vez que se apruebe la ley y el reglamento, Industria tendrá que sacar un concurso del nuevo servicio universal. Y todo apunta a que volverá quedará desierto.

No obstante, el Ministerio de Industria acaba de asegurarse otro instrumento para hacer posible su objetivo. Va a obligar a Vodafone y a Movistar a invertir 240 millones de euros en dos años en el despliegue de redes móviles de última generación (3,5G) que permite velocidades de hasta 40 Mbps. Esta será una de las condiciones que impondrá en la adjudicación de las nuevas frecuencias que tiene previsto realizar en el primer semestre. Y también lleva su polémica.

"El servicio universal es un concepto del pasado que tiene su origen cuando se tenía que asegurar que todo el mundo tuviera una conexión telefónica. Ahora con el móvil todo eso ha cambiado. Si se tiene que legislar, lo primero que hay que hacer es decidir sobre la financiación. Y el modelo que se ha vuelto a elegir el Gobierno es el más caro y no el más idóneo. Poner un catálogo de mínimos para todo el mundo y que paguen los operadores, a los que se carga con todo tipo de impuestos arbitrarios como el canon de la publicidad en la televisión pública. Lo mejor sería de detectar empíricamente quién no puede acceder a la banda ancha y por qué y tratar de solucionar esos casos concretos", señala Pedro Peña, director jurídico de Vodafone.

Los operadores españoles han realizado un esfuerzo inversor de más de 31.000 millones, según Redtel, que asegura que el 88% de los internautas disponen de 2 Mbps o más de velocidad de banda ancha, cuando la media europea está en el 75%. "Es cierto que siguen existiendo personas o áreas que aún no están incluidos en la sociedad de la información, pero el instrumento adecuado no es aumentar las obligaciones de las empresas en una coyuntura económica adversa, sino programas de formación digital (más del 50% de los no internautas siguen respondiendo que no usan Internet porque no les interesa o no saben usarlo) o de extensión de las redes de banda ancha a través de ayudas públicas en colaboración con las comunidades autónomas. La coyuntura económica del país no es la más adecuada para tirar con pólvora de rey", indica Arcos.

El director de operadores de Ametic, Javier García, va más allá y opina que ampliar las obligaciones del servicio universal puede obstaculizar la competencia y frenar la innovación. "No se trata de un problema de oferta dado que la cobertura de banda ancha es cercana al 96% de la población. Existe una proporción muy elevada de usuarios que teniendo acceso a la red no adoptan la banda ancha. La financiación del servicio universal debería quedar contemplada bajo presupuestos públicos, ya que cualquier otra posibilidad lleva a una distorsión injustificada del mercado".

El Gobierno defiende su ley. "Si bien Finlandia ha sido la primera en introducir la conexión de 1Mbps, España es el segundo país de la UE en incorporar esta velocidad", señala un portavoz de Industria. Ahora solo queda decidir quién se encarga de hacerlo y, sobre todo, de pagarlo.