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ESTA SEMANA

Enmienda

Mientras que en comunidades como Galicia y Murcia, gobernadas por el PP, comienzan a despedir a empleados, esta semana los andaluces tendremos oportunidad de conocer con detalle las propuestas de los partidos para la reforma del sector público. Termina el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley y será ahora cuando cada grupo concrete su aportación más allá del simple rechazo que ha tenido hasta ahora esta polémica iniciativa.

Desde el PP se adelanta que, si bien reclaman su derogación, presentarán un verdadero modelo alternativo. Conforme a lo que está sucediendo allá donde gobiernan, esperemos que no opten por el tijeretazo y el despido, y planteen una reforma coherente con lo que vienen predicando.

En todo caso, es evidente que resultará muy difícil, por no decir que imposible, que surja un gran acuerdo entre PSOE y PP. Más bien puede que salga adelante con el apoyo de IU, que ha hecho un riguroso trabajo al asumir buena parte de los postulados de UGT y CC OO. También parece que resultará difícil que se sume CSIF, aunque puede que otros sindicatos de funcionarios sí lo hagan debido a la disponibilidad de los socialistas de corregir los efectos más negativos del texto inicial.

Lo cierto es que con este asunto ha ocurrido como con otros. Los populares reclamando desde siempre una "profunda" reforma de la Administración y, cuando se acomete, se desmarcan radicalmente. Esto es: están en lo mismo y en su contrario, un difícil ejercicio político que ejecutan a la perfección, tal y como se ha podido comprobar con el pago con solares en la liquidación de la deuda histórica.

El escándalo que organizaron fue mayúsculo descalificando esta salida, aunque algunos de sus alcaldes practicaran lo mismo. Ahí está el Ayuntamiento de Marbella, que hace frente a la devolución de 106 millones a la Junta con su sede de Urbanismo, locales y hasta plazas de garaje.

Se critica duramente el acuerdo de la Junta con los 600 trabajadores de Delphi, pero en febrero de 2008, en plena campaña electoral, Javier Arenas aseguró que él no solo no rompería el pacto alcanzado sino que lo mejoraría en caso de ganar las elecciones aportando más recursos públicos.

Hará bien Griñán si sigue adelante, al margen de los vaivenes, con la guía del VII Acuerdo de Concertación (que causa tanta grima en las filas populares), que contiene medidas como para impulsar su acción de gobierno de la mano de la patronal y los sindicatos. Se trata, nada más y nada menos, que de tener la iniciativa política en medio de la fuerte crisis que todo lo condiciona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 17 de enero de 2011