Nuevo año, mismos problemas

Comenzamos el año 2011 donde lo dejamos. Con una fuerte especulación de los mercados apostando por una financiación cara de la deuda soberana que ha llevado el diferencial con el bono alemán a los 300 puntos (ahora inferior a 250 puntos básicos). Situación que se complica con las dudas sobre la necesidad de rescatar a Portugal tras los rescates de Grecia e Irlanda. Por otra parte, se mantienen los problemas estructurales de la economía española que dificultan no solo la financiación de las empresas, sino también la mejora de su productividad y, por tanto, su competitividad tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores.

Respecto a la evolución del riesgo soberano, la clave está en la falta de confianza respecto a la evolución de la economía española con un crecimiento plano y un mercado laboral rígido e incapaz de generar empleo. En España, a diferencia de los países ya intervenidos (Grecia e Irlanda) y los que junto a ella están en el punto de mira (Italia, Bélgica, Austria...), el problema no está tanto en el volumen de deuda pública y su necesaria refinanciación como en la deuda privada, especialmente de los bancos y cajas de ahorros, que se eleva a más del 50% del PIB español. Pero si damos credibilidad a los análisis del Banco de España, el sistema financiero español no está en las malas condiciones de los de otros países, incluso los de países que nadie pone en duda como Alemania y Francia.

Las dificultades de refinanciación de la deuda no se solucionan con un rescate de la UE Hay que ajustar el coste del Estado de bienestar a las posibilidades reales de la economía española

Una parte de la presión en los mercados proviene de la excesiva exposición que tienen los bancos alemanes y franceses con muchos activos invertidos en deuda no solo española, sino también del resto de los países con dificultades.

Una parte de la falta de credibilidad de los mercados sobre la sostenibilidad de la deuda española proviene del elevado déficit público generado en estos últimos años y de la dificultad de reducirlo con la rapidez e intensidad necesaria, en un contexto de escaso crecimiento de la actividad y, por tanto, de la recaudación de impuestos. A pesar de los recortes de gasto ya aplicados, las medidas parecen insuficientes a la hora de reducir los gastos y déficits de las comunidades autónomas. Quizá los puntos más conflictivos están en el posible recorte de los gastos de sanidad (transferidos a las CC AA) y en el excesivo aumento del empleo público en dichas comunidades, cuyo recorte incidiría necesariamente en un aumento del paro.

Solo medidas drásticas como el establecimiento de algún tipo de copago en la sanidad y el recorte de las numerosas empresas públicas de dudoso cometido y los gastos en delegaciones innecesarias podrían llevar a una mayor credibilidad de las políticas de estabilidad presupuestaria. No habría que desechar una de las propuestas preventivas para España planteada en el Ecofin de someterse a un examen exhaustivo de la sostenibilidad de las cuentas públicas por parte de la Unión Europea, lo que les permitiría avalar que las políticas aplicadas están en el camino correcto.

En mi opinión y la de otros analistas, las dificultades de refinanciación de la deuda no se solucionan con un rescate de la UE con una financiación que por otra parte resulta ser bastante más cara que la ofrecida hasta ahora por los mercados. Hay que insistir en la necesidad de resolver los problemas estructurales de la economía española. La falta de competitividad de los productos españoles no viene tanto del coste de los salarios (inferiores a los de los países de la UEM) como del resto de costes administrativos y de la seguridad social, muchos incrementados por la falta de productividad en las Administraciones públicas, que obligan a soportar costes no competitivos con los de las Administraciones de otros países.

Por las últimas declaraciones del Gobierno, parece que ya están convencidos de la necesidad de esas reformas, pero ahora toca demostrarlo. No solo hay que rematar la reforma laboral (negociación colectiva) y seguir adelante con la reforma del sistema de pensiones. Es urgente la reforma de las Administraciones públicas ajustando el coste de la Administración y del llamado Estado de bienestar a las posibilidades reales de la economía española para hacerla más competitiva y permitir un crecimiento sostenible con creación de empleo. Este debe ser el objetivo final aunque no pueda conseguirse en el corto plazo.

Carmen Alcaide es analista y ex presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE).