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El Constitucional italiano limita el blindaje judicial de Berlusconi

La decisión permite reabrir los casos penales contra el primer ministro

En un ejercicio de finezza muy democristiana, el Tribunal Constitucional italiano hizo suyas ayer dos objeciones señaladas por los jueces de Milán que intentan juzgar a Silvio Berlusconi y declaró parcialmente inconstitucional la Ley 51/2010, conocida como "ley del legítimo impedimento". El último escudo del primer ministro, que le ha permitido congelar durante un año sus tres procesos penales pendientes, quedó desmontado por amplia mayoría, 12 votos contra tres.

La Corte se limitó a rechazar dos apartados por considerar que violaban (como ya sucedió con el Laudo Alfano, el anterior intento de bula) tanto el artículo 3 de la Constitución, que afirma que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley", como el 138, que exige una ley constitucional para modificar garantías fundamentales.

Il Cavaliere ganó tiempo para lograr la prescripción de las causas

El tribunal declaró ilegítima la pretensión de que la presidencia del Gobierno pueda decidir de forma unilateral que el primer ministro no asista a sus juicios por periodos de seis meses continuados y renovables, al declarar inconstitucional el apartado 4 del artículo primero. Y derogó además la parte del apartado 3 que negaba al juez la valoración concreta, caso por caso, del alcance del empeño oficial esgrimido por la defensa como impedimento para no asistir a las audiencias.

La Corte declaró infundados el resto de recursos y reinterpretó el espíritu de la ley al decir que debe reflejar "la óptica de un equilibrio razonable entre las exigencias de la jurisdicción, el ejercicio del derecho de defensa y la tutela de la función de Gobierno, según el principio de leal colaboración entre poderes". La decisión pone coto a la irrefrenable lucha de Berlusconi por evitar los tribunales, y como tal fue recibida con ira por el núcleo duro del Pueblo de la Libertad. El coordinador nacional y ministro de Cultura, Sandro Bondi, dijo que la sentencia es un "vuelco de los puntos cardinales de la Constitución y del orden democrático porque concede a la magistratura la superioridad sobre la política".

Más cauto se mostró Niccolò Ghedini, abogado del primer ministro, parlamentario y padre de la norma, que opinó que "la base de la ley ha sido reconocida como válida y eficaz". Según Ghedini, los jueces habrían incurrido, eso sí, en "el equívoco de pensar que la colaboración con los jueces puede ser leal".

El Partido Democrático, que pasó el día, como suele, inmerso en sus luchas intestinas, afirmó que la enésima ley "salvapremier" es ya papel mojado. Filippo Berselli, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, afirmó: "me parece que el Constitucional, aun habiendo optado por una decisión de compromiso que no ha rechazado ni acogido del todo los recursos, ha hecho pedazos el legítimo impedimento".

Quizá el más satisfecho por la decisión fue Antonio di Pietro, líder de Italia de los Valores, que recogió las firmas necesarias para celebrar la consulta popular, una vía a la que el Constitucional dio luz verde el miércoles. "Los ciudadanos podrán decir alto y claro que incluso Berlusconi debe presentarse ante el juez cuando es llamado y no puede inventarse cada vez una excusa", dijo el ex magistrado.

Mientras tanto, Berlusconi se limitó a dejar hablar al Canal 5 de Mediaset, que anunció que el primer ministro acudirá hoy al popular programa Mattino Cinque para comentar el veredicto. El día anterior, el magnate había dicho que le era "totalmente indiferente" la decisión de los 15 jueces, porque la estabilidad del Gobierno no se verá afectada y las acusaciones que pesan sobre él (corrupción en sede judicial, fraude fiscal y apropiación indebida) son, dijo, "ridículas".

La decisión es en efecto menos terminante que otras veces, pero no por esas razones. Los tres procesos pendientes (casos Mediatrade, Mills y Mediaset) podrán seguramente reabrirse, pero la enésima ley ad persónam ha cumplido ya su gran objetivo, ganar tiempo. En los tres casos, los magistrados que instruyeron las causas han cambiado de puesto, y los procesos recomenzarían de cero, con lo que prescribirán antes de llegar a una sentencia definitiva.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 14 de enero de 2011