Detenida una empresaria de Mallorca por corrupción
La Operación Cloaca destapó ayer en Mallorca un supuesto fraude de más de dos millones de euros en las contratas públicas de recogida selectiva de basuras. El nuevo escándalo consiste en el fraude por el pago a las contratistas y controladores privados de servicios no efectuados de recogida selectiva de residuos en los pueblos de Mallorca.
La detención de mayor relieve fue la de María Mascaró Martorell, importante empresaria de múltiples contratas, en especial bajo los mandatos de Unió Mallorquina (UM) y del PP pero también con el PSOE. Gestora de la empresa familiar Melchor Mascaró, con 850 empleados, tiene uniones de empresas con grandes compañías españoals. En la etapa en la UM presidía el Consell de Mallorca, logró la construcción de la carretera de peaje a la sombra Palma-Manacor, y del Gobierno balear presidido por Jaume Matas obtuvo la edificación del Palma Arena, ambas obras bajo investigación judicial.
También han sido detenidos un gerente de una división balear de FCC, el perito funcionario de Medio Ambiente del Consell, Gabriel Perelló y el dueño de Ses Nostres Eines, Simón Galmés, un empresario local de Portocristo que debía verificar los trabajos
Según una fuente conocedora del nuevo caso de corrupción, se están investigando presuntos delitos de malversación de caudales públicos, facturas falsas, cohechos, comisiones y pagos por servicios no realizados. Se sospecha de la entrega de toneladas de restos a las mayoristas del monopolio de basuras y reciclajes donde teóricamente se verificaba el peso y se realizaba una selección, que la fiscalía y la policía consideran que no se realizaban.
Entre la documentación investigada figuran anotaciones de pasos de camiones y tonelajes que pueden ser falsos así como la simulación de trabajos y sobrecostes. Al parecer están implicados tres empresarios que actuaban en connivencia con un funcionario, el encargado del control de la gestión de contenedores y la facturación de los puntos verdes desde el Consell de Mallorca. Los cuatro declararon anoche en la comisaria de Palma.
Una querella de Anticorrupción abrió el caso, iniciado con una denuncia del equipo de gobierno del Consell, formado por PSOE-Bloc y que detectó facturas falsas y excesos de pagos a las uniones de empresas.
No hay ningún político implicado hasta ahora pero no se descarta alguna imputación más adelante. Unió Mallorquina controló -con el PP y el PSOE sucesivamente- este tipo de adjudicaciones durante más de una década, hasta el pasado febrero.
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