Roca y sus socios usaron dinero negro para el pelotazo de Crucero Banús

El supuesto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, y sus socios financiaron con dinero negro la compra de la parcela de Crucero Banús, cuya posterior recalificación les permitió dar un pelotazo de seis millones de euros. "Se usaron fondos ocultos a la Agencia Tributaria que afloraron con esta operación", afirmaron ayer tres funcionarios de este organismo, que actuaron como testigos en el juicio del caso Malaya.

La décima sesión de la vista oral sobre la trama de corrupción en Marbella tuvo un carácter marcadamente técnico. La atención se centró en los detalles financieros de la operación urbanística, en la que, además de Roca, participaron el ex edil Pedro Román -socio mayoritario-, el abogado Juan Germán Hoffmann y el ex comisario de policía Florencio San Agapito.

La sesión tuvo declaraciones muy favorables a las tesis del fiscal

Escobar afirmó que el poder de Roca se extendía más allá del urbanismo

Los cuatro socios constituyeron en 2001 una sociedad -Lispag AG- con domicilio en Suiza. Esta mercantil compró en octubre de ese año todas las acciones de la sociedad española Yambali 2000, propietaria de la parcela. Aunque el precio real de la adquisición fueron cuatro millones de dólares, en la escritura de compraventa solo se declararon 841.416 euros.

El mismo día de la compra de Yambali, la parcela pasó de tener uso comercial a residencial, y su edificabilidad se multiplicó por 21, supuestamente gracias a la influencia de Roca en el urbanismo marbellí. En octubre de 2002, los cuatro socios de Lispag vendieron la finca recalificada al constructor granadino José Ávila Rojas por 10,4 millones de euros.

Los inspectores de la Agencia Tributaria afirmaron ayer que Lispag AG, no es sino "una sociedad meramente instrumental creada al servicio de la ocultación" de sus titulares. Los beneficios de la operación fueron derivados a una cuenta de un banco suizo y desde allí a fundaciones opacas de los socios en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Ninguno de ellos declaró la plusvalía. Solo el ex comisario San Agapito realizó una declaración complementaria del incremento patrimonial logrado con la operación Crucero Banús tras su imputación en el caso Malaya.

Durante las primeras jornadas del juicio, el ex edil Pedro Román, antigua mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil, trató de distinguir entre su actividad como persona física y las labores de las sociedades en las que figura como administrador, accionista o apoderado.

En este caso, su tesis fue refutada por los peritos de Hacienda. "Los rendimientos logrados hay que imputárselos a las personas físicas, no a la sociedad Lispag", afirmaron los testigos, que solo tuvieron tiempo ayer de contestar a las preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.

La sesión de ayer, con declaraciones muy favorables a las tesis del acusador público, se inició con la comparecencia de Raquel Escobar. La ex abogada de la delegación de Urbanismo marbellí terminó su declaración, interrumpida el lunes por motivos técnicos. Escobar afirmó que el poder de Roca en el consistorio abarcaba mucho más que los asuntos de licencias de obra y planeamiento urbanístico. "Si Roca quería que el tesorero municipal o los concejales de Personal o Economía acudieran a su despacho de Planeamiento, ellos iban", afirmó.

Escobar recordó que cuando fue contratada, en 1999, el entonces alcalde Jesús Gil había exigido que las licencias urbanísticas se aprobaran sin informes jurídicos específicos, y se utilizaba un dictamen general redactado por el abogado de confianza del regidor, José Luis Sierra, condenado en el caso Saqueo.