Sánchez Robles no habla

El ex director de Juventud y Acción Comunitaria del Gobierno vasco, Xabier Sánchez Robles, atendió ayer a la citación de la comisión que investiga el caso De Miguel. Acompañado por Javier Beramendi, su abogado, Sánchez Robles, imputado en la causa dirigida el Juzgado de Instrucción número cuatro de Vitoria, optó por no responder a las preguntas que los parlamentarios querían plantearle sobre los contratos sospechosos que el Departamento de Cultura otorgó a varias empresas de la trama. La ley obliga a quienes sean citados por una comisión parlamentaria a acudir a la cita y a que lo que digan sea verdad, pero no existe obligación de responder a los interrogantes planteados. En junio del pasado año, en su declaración en sede judicial, Sánchez Robles eligió también acogerse a su derecho a no declarar.

Por su parte, el presidente de la comisión, Juan José Agirrezabala, explicó que los convocados para esta semana han confirmado su asistencia. Entre ellos está el ex viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, imputado en la causa. Este explicó en su declaración ante el juez instructor, Roberto Ramos, que se fiaba de su director de Juventud y firmaba las órdenes de pago de contratos que este le presentaba sin verificar los expedientes o si la remuneración resultaba proporcional al trabajo efectuado. En su testimonio, Larrañaga añadió que Sánchez Robles ya era director de Juventud cuando él llegó a la consejería en 2003.

También está citada para esta semana Miren Azkarate, ex consejera de Cultura y portavoz del Gobierno de Juan José Ibarretxe, que presiviblemente tendrá que explicar qué relación tenía con Sánchez Robles y por qué pensó que era la persona adecuada para ocupar el puesto. El monto de los contratos sospechosos, de los que en su mayoría no consta rastro documental, superan los 150.000 euros.