Narcotráfico de altos vuelos
Los pilotos detenidos en Barcelona figuran en varias causas en Argentina - Los lazos con la política son constantes
La relación entre oscuras empresas de aviación, personas vinculadas al Estado y el tráfico de drogas no es una novedad en Argentina, donde se han denunciado varios casos sin que se haya llegado a ninguna condena penal seria. Los hermanos Juliá -hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea argentina-, detenidos la semana pasada en Barcelona como pilotos y propietarios de un avión de la compañía Medical Jet que transportaba casi una tonelada de cocaína, aparecen mencionados en distintos procedimientos judiciales en el país suramericano; entre otros, en el caso de Angie Sanclemente, la modelo y ex Reina del Café de Colombia acusada de dirigir una organización criminal.
Uno de los hermanos Juliá, Gustavo, fue denunciado en su momento por esquilmar el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) mediante el sencillo sistema de ser su gerente económico-financiero y de encargar multitud de trabajos externos a una empresa de su propiedad llamada Federal Aviation (que aparentemente sigue funcionando, domiciliada en la misma dirección social que Medical Jet).
El avión que llegó a El Prat llevaba casi una tonelada de cocaína
Uno de los hermanos Juliá fue denunciado por esquilmar un organismo oficial
Las abundantes "irregularidades" y vasos comunicantes entre importantes cargos políticos y empresas privadas ha sido, y es, una constante en la vida política argentina, como ha denunciado, entre otras, la propia Auditoría Nacional de la Nación, que preside el jurista Leandro Despouy.
Paralelamente, varios importantes cargos de los sucesivos gobiernos Kirchner han sido denunciados por corrupción. El caso más grave es el del ex secretario de Transportes Ricardo Jaime, procesado por haber supuestamente recibido un gran número de sobornos de empresas de aviación y de ferrocarriles. El actual ministro de Planificación, Julio de Vido, ha sido objeto de ocho denuncias diferentes.
La gravedad de los vínculos entre el narcotráfico y la política argentina ha sido resaltada por la Auditoría General de la Nación en varios informes. Suya es, por ejemplo, la denuncia del acuerdo empresarial entre las empresas Líneas Aéreas Federales SA (LAFSA) y Southern Winds (SW), en el que participaron, mantiene la Auditoría, los ministros De Vido y Jaime.
Según aquel acuerdo, LAFSA (empresa estatal creada en 2003 por el entonces presidente Eduardo Duhalde para absorber, en teoría, al personal despedido de otras dos empresas aeronáuticas quebradas) se comprometía a pagar el salario a casi 600 empleados de Southern Winds, así como 3,2 millones de pesos mensuales (unos 650.000 euros) para combustible. Según la Auditoría General, el Estado, pese a pagar esa enorme subvención y crear un órgano de coordinación, renunció a controlar la empresa y, sobre todo, a supervisar la entrada y salida de sus vuelos.
La SW fue rápidamente vinculada a varios casos de narcotráfico, especialmente a la aparición en el aeropuerto de Madrid-Barajas de dos maletas con 60 kilos de cocaína que nadie recogió y que habían sido facturadas en un vuelo de esa compañía, dirigidas genéricamente "a la embajada en Madrid". El encargado de "pasajeros frecuentes" de SW, Walter Beltrame, hijo del comodoro (equivalente a coronel) Alberto Beltrame, jefe del aeropuerto de Ezeiza, fue condenado a cuatro años. Su padre fue relevado del puesto que ocupaba en Argentina, al igual que el Jefe de la Fuerza Aérea de aquel momento, brigadier Carlos Rohde.
Cansados de las zancadillas
Inicialmente, con la llegada de los Kirchner al poder en Argentina, pareció que se ponía cierto coto a la corrupción vinculada al Estado. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por ejemplo, fue intervenido y se puso a su frente a Graciela Ocaña. El objetivo era que "limpiara" la institución e intentara frenar la llamada mafia de los medicamentos, una de las más dañinas que padece el sistema sanitario argentino, vinculada, en ocasiones, al tráfico de drogas y productos químicos necesarios para elaborar la cocaína.
Pero, poco a poco, la mayoría de esos controles ha ido desapareciendo. Ocaña, convertida en ministra de Salud, terminó dimitiendo, al igual que el responsable de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, encargado de perseguir la corrupción de los funcionarios, que se marchó "harto de sufrir infinitas dificultades, tropiezos, zancadillas" y un recorte de medios que hacía imposible su función.
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