El optimismo ilustrado

En enero de 2009 se celebró en Madrid una conferencia sobre el décimo aniversario, o la primera década, del euro. Algunos ironizaron entonces si "la primera" década no era un calificativo un tanto pretencioso, ya que quién sabía si el euro cumpliría más décadas. La ironía, en vista de lo acontecido durante los últimos dos anos, tenía un punto de verdad. En aquella conferencia se debatió también la situación de la economía española, entonces, si recuerdan, en los primeros momentos de la recesión post-Lehman. Las conclusiones, debatidas en esta columna en múltiples ocasiones, reclamaban la necesidad apremiante de reformar la economía española. El razonamiento era muy sencillo: la evidencia empírica sugería, de manera bastante convincente, que, a pesar de la década y media de expansión interrumpida de la economía española, las bases del crecimiento español no habían mejorado. En términos de renta per cápita, el diferencial con respecto a las principales economías avanzadas había retornado tan solo a los niveles de 1975, tras el deterioro que se produjo durante la crisis económica de los años 1980. Una de mis conclusiones fue que, a pesar de que todos los organismos internacionales llevaban también años reclamando la necesidad de acometer serias reformar estructurales en el mercado de trabajo, financiero y pensiones, en España parecía haber un serio problema de economía política que impedía celebrar un debate serio sobre la situación de la economía española. La solución era, en mi opinión, crear una comisión independiente para la reforma económica en España.

Las reformas van a sentar las bases de una senda más positiva de crecimiento sostenible en España

Las sugerencias eran sencillas, pero de ninguna manera noveles: 1. Acabar de una vez por todas con el tremendamente injusto marco de mercado de trabajo español, con una dualidad sin parangón en el mundo desarrollado que margina de manera extrema a los jóvenes y los menos cualificados para así proporcionar una protección desmesurada a los trabajadores con contratos permanentes; 2. Reformar el sistema financiero para liberar a la mitad del sistema bancario español, las cajas de ahorros, de la injerencia política en su gestión y facilitar la captación de capital; y 3. Reformar las pensiones, reduciendo la generosidad y duración de las mismas, para asegurar su sostenibilidad dado el desfavorable panorama demográfico español. Estas reformas las venía pidiendo la profesión de economía, tanto española como internacional, durante mucho tiempo. Pero el perenne optimismo de nuestros dirigentes, o la miopía electoralista, o simplemente la falta de responsabilidad y de sentido de Estado, posponían de manera permanente la acción.

La historia nos ha demostrado que los análisis de los economistas eran certeros y que al final estas reformas, y alguna más, han tenido que ser aplicadas. A falta de un proceso consensuado, debatido de manera racional entre las fuerzas políticas y adoptado de manera progresiva, España se ha visto obligada a implantar las reformas de manera rápida y agresiva -en un proceso similar al que se ven sometidos los países que adoptan un programa de rescate del FMI-. Y se ha llegado a extremos que hasta hace muy poco se consideraban políticamente imposibles, como la publicación de las cuentas fiscales trimestrales de las comunidades autónomas.

Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón podía combatir la ignorancia, la superstición o la tiranía, y construir un mundo mejor. La razón se ha impuesto finalmente en España, y las reformas necesarias se han puesto finalmente en práctica, con tan solo tímidas protestas sindicales. El proceso reformador es siempre doloroso, ya que se tiene que transformar el statu quo, y genera de manera inevitable ganadores y perdedores. Pero es importante reconocer que las reformas puestas en marcha en España en los últimos meses van a sentar las bases de una senda más positiva de crecimiento sostenible. En otras palabras, las reformas anunciadas y las previstas, si se ponen en práctica como es debido y no hay trucos de última hora por vía reglamentaria, deberían conllevar un aumento de las estimaciones del crecimiento potencial español. Esto es fundamental, ya que una de las principales razones esgrimidas por las agencias de rating para rebajar la calificación de la deuda española ha sido las pobres perspectivas de crecimiento de largo plazo de la economía española debido a la ausencia de reformas estructurales. Este argumento es cada día menos válido.

Quedan tareas pendientes, sin duda. El sistema educativo español, como demuestra de nuevo el reciente informe Pisa de la OCDE, deja mucho que desear; la liberalización de los mercados de bienes y servicios interiores es fundamental para contener la inflación, y la reforma de la negociación salarial es crítica para contener el deterioro persistente de la competitividad de la economía española. Los salarios deben adoptarse en función de la productividad, no en función de la inflación, y deben concretarse lo más posible en el ámbito de empresa, y no a nivel nacional o regional. La reciente caída de los costes laborales unitarios y la reducción de los contratos sujetos a cláusulas de revisión salarial son buenas noticias.

Si, como parece a tenor de las recientes declaraciones, podemos disfrutar en 2011 de un cierto consenso entre el Gobierno y la oposición para concluir las reformas iniciadas y adoptar al menos algunas de las pendientes, el panorama económico español de largo plazo mejorará. La situación cíclica todavía tardará en mejorar, ya que las reformas requieren tiempo hasta que surten efecto y pueden tener incluso efectos negativos a corto plazo, pero se estarán sentando las bases para un futuro próspero. Por fin será posible ser optimista, no un optimismo vacío, sino un optimismo ilustrado, fundamentado en la razón.

Ángel Ubide es investigador visitante del Peterson Institute for International Economics en Washington.