Dos recursos al Supremo ponen en riesgo los terrenos para Mitsubishi

La errática gestión de varias administraciones en el que iba a ser el mayor parque industrial de Galicia se resume en que hoy, 11 años después del anuncio de su creación, la Plataforma Logística de Salvaterra (Plisan) -también conocida como el puerto seco de Vigo- sigue sin tener el futuro claro. El último paso que ha dado la Xunta -retirar 68 recursos de casación que interpuso en 2009 ante el Tribunal Supremo (TS)- para poner fin a un litigio judicial que amenaza el proyecto de Mitsubihi de instalarse en el polígono se ha visto entorpecido por dos reclamaciones vecinales ante el propio TS, que piden que se les reconozan derechos mineros sobre los terrenos.

Se trata de los primeros pleitos de un total de 70 que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló con desigual desenlace. Denegó las pretensiones de dos propietarios expropiados para cobrar indemnizaciones por los derechos mineros sobre el suelo y, frente a estas dos primeras sentencias, las 68 restantes arrojaron un resultado opuesto, ya que el tribunal apreció la existencia de esas prerrogativas, que podrían suponer un desembolso para la Administración de 7,7 millones de euros. La abogada de uno de los primeros afectados aprecia que la práctica totalidad de las demandas se construyeron con argumentos muy similares, algo que añade dudas sobre el resultado dispar.

El Supremo tendrá que pronunciarse sobre el plan anulado que creó el parque

La Xunta, que había recurrido el fallo contra los vecinos que ganaron, decidió el pasado 11 de noviembre desistir, obligándose implícitamente a pagar indemnizaciones, con el objetivo de allanar el camino para que la multinacional Mitsubishi optase por Salvaterra para montar una fábrica de baterías de litio destinadas a coches eléctricos. Mientras la multinacional se lo piensa, el tiempo corre en contra de la opción pontevedresa al tiempo que surgen ofertas de otros puntos de Galicia y de Portugal.

El propósito del Gobierno gallego era zanjar la batalla judicial y despejar la inseguridad jurídica sobre los terrenos elegidos en primera instancia por Mitsubishi para un proyecto que crearía 1.500 empleos. La estrategia de la Xunta puede venirse abajo por la decisión de los dos vecinos reclamantes que, al ver frustrado su objetivo en el TSXG, recurren al Supremo. El alto tribunal deberá pronunciarse sobre la cuestión en un momento en que la justicia ha anulado el plan sectorial que daba origen al parque y que fue aprobado en 2002. Esa anulación, dada a conocer este verano, obliga al reconocimiento de una zona forestal de protección (de 70 hectáreas) y deja al Consorcio de la Zona Franca de Vigo (uno de los tres promotores, junto con el Puerto y la Xunta), con poco terreno urbanizable. Los dos recursos pueden brindar la ocasión al Supremo para que insista en que el polígono carece de plan sectorial, un problema que la Xunta ha tratado de soslayar con una reforma urgente de la Ley del Suelo. Tras la anulación del plan, la superficie del polígono se redujo en casi un millón de metros cuadrados.

Los derechos mineros de los vecinos fueron admitidos por los propios promotores en 2008, aunque la llegada del PP a la Xunta cambió las tornas. Su impago motivó un encierro de los afectados durante seis meses. Mientras esto sucede, son ya 100 los millones que se han invertido el polígono.