Un talón al portador de Sprilur lleva al juez hasta Avalancha Proyectos SL
La policía investiga si era una sociedad interpuesta en beneficio del PNV
El juzgado de Instrucción número ocho de Bilbao ya sabe quien cobró el talón al portador con el que Sprilur pagó en 2007 una parte de los 10.000 metros de suelo radicado en Santurtzi que compró al vecino de Abanto, J. C. A. B. El cheque de la BBK con el que pagó el entonces director de Sprilur, Antton Zubiaurre y que no dejó ningún rastro en la contabilidad pública, lo ingresó la sociedad Avalancha Proyectos S. L., registrada en Bilbao, y cuyo administrador único es, según la información registral, José Francisco Darquistade.
Los 336.000 euros que figuraban en el talón eran exactamente el 10% del precio de compra estipulado, 3,36 millones, una cantidad total que en opinión del Gobierno supera en cuatro o incluso cinco veces el valor real de esas 10 hectáreas en el mercado inmobiliario.
El ex director de Sprilur Antton Zubiaurre tiene dos causas judiciales
El talón equivale al 10% del valor de la compra y no figura en la contabilidad
La información con esos datos figura en el oficio judicial que la caja vizcaína ha entregado al juzgado y en el que especifica que el ingreso se produjo en la cuenta que Avalancha Proyectos tiene en uno de los principales bancos portugueses.
El juzgado tendrá que investigar ahora si la sociedad es la destinataria final de esa comisión o es una sociedad interpuesta que encubre a los auténticos receptores del dinero, vinculados al PNV. El ex director de la sociedad pública encargada de comprar suelo para fines industriales, el peneuvista Antton Zubiaurre, tiene dos causas judiciales abiertas en Vizcaya por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos en el juzgado número diez de Bilbao, y en segundo lugar la que afecta a la venta de los citados terrenos ante la posibilidad de que la operación de compraventa hubiera hecho perder de manera injustificada al Gobierno una importante parte de su patrimonio.
Zubiaurre pagó a 33,6 euros el metro cuadrado a J. C. A. B. -primo carnal del presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar- por un terreno calificado como rústico en Santurtzi, buena parte de él en cuesta, y difícilmente utilizable suelo industrial ya que se extienden en una zona de las faldas del monte Serantes anexa a la zona residencial conocida como La Pólvora con numerosos desniveles.
La compra tenía como objetivo construir allí un polígono industrial, pero para ello era necesario primero recalificar el terreno, hecho que todavía no se ha producido.
Zubiaurre fue fichado por el tripartito que dirigía el ex lehendakari Ibarretxe en 2002 con el objetivo de que se hiciera cargo de la sociedad dedicada a comprar terrenos para fines industriales.
A mediados de 2008, el ex alcalde de Mendaro y militante del PNV, apenas un año después de producirse la citada operación de compraventa, abandonó la dirección de Sprilur aduciendo problemas de salud.
El pago que la Administración vasca considera irregular se realizó en cuatro plazos, uno de ellos a través del cheque al portador que investiga el juzgado para determinar quién estaba detrás de la sociedad que lo ingresó.
Los investigadores consideran sustancial que el talón al portador coincidiera con el 10% del total de la venta, y sospechan que puede ser un pago especial a una tercera persona o bien por las gestiones realizadas para fijar el precio de la venta, o por otro tipo de servicios. De momento, no se atreven a especificar si se trata de una comisión ilegal destinada a financiar a terceros.
El mecanismo del cobro resulta una pieza básica de la investigación que también sigue la policía vasca. Ese fue el hecho que más sospechas levantó ya que las administraciones públicas no tienen por costumbre pagar con talones al portador, y menos sin contabilizar. El otro asunto turbio era el elevado precio de la operación, para el que los técnicos no encuentran ninguna explicación legal.
Parte de la operación de compraventa no pasó por el Consejo de Administración de Sprilur, y en consecuencia Zubiaurre no reflejó ese pago de 336.000 euros en la contabilidad de la sociedad pública.
Tres procesos judiciales en curso
El Juzgado sigue haciendo presión sobre el que fuera director de Sprilur Antton Zubiaurre durante seis años de dos gobiernos consecutivos de Juan José Ibarretxe. Las líneas de investigación empiezan a ofrecer los primeros resultados sobre los casos de espionaje y el de la sobrevaloración del precio de los terrenos de Santurtzi. Por su parte el Gobierno también cerró el círculo el pasado año al solicitar su personación en las tres causas que tienen abiertos cualificados miembros del PNV por diferentes presuntos delitos relacionados con la corrupción. La que lleva el juzgado número 8 relacionada con los terrenos de Santurtzi es la segunda de las causas judiciales abiertas en torno a Antton Zubiaurre. Se destapó cuando se investigaba su gestión tras ser imputado, junto a su ex chófer I. U., por un delito de descubrimiento y revelación de secretos: es decir apropiarse de información económica de actuales altos cargos de Industria para ser suministrada a terceros.
Este presunto espionaje, que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao, es la primera causa en que Industria se personó contra Zubiaurre. El tercer proceso en el que el Gobierno está personado es el que se sigue contra ex altos cargos del PNV es el caso De Miguel, en lo que respecta a las operaciones con terrenos en el Parque Tecnológico de Miñano. En él están implicados desde el ex diputado foral de Administración Local alavés Alfredo de Miguel al ex presidente de la Red de Parques Tecnológicos Julián Sánchez Alegría, pasando por ex director del de Miñano, Alfonso Arriola, y su ex responsable financiero Koldo Otxandio. Otro imputado es el ex dirigente peneuvista Aitor Telleria y también ex responsable de CEIA, un semillero de empresas alavesas. La comisión parlamentaria de investigación ya ha iniciado sus trabajos en Vitoria.
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