Procesado el concejal de Urbanismo de Valencia por prevaricación

El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver; el secretario del Ayuntamiento, Pedro García Rabasa; y otros tres responsables de diferentes áreas del Consistorio están imputados por un delito de prevariación. Así lo ha decidido Josep Lluís Albiñana, magistrado del Juzgado de Instrucción número uno de Valencia. En un auto de 18 folios, argumenta por qué considera que la decisión de autorizar las obras que afectan a los Jardines de Monforte, especialmente protegidos, no puede sostenerse ni en el olvido ni el desconocimiento.

Es más, considera que las respuestas que se han dado en el juzgado estuvieron perfectamente orquestadas, como lo estuvo en su día el permiso a una actuación urbanística, la construcción de un aparcamiento subterráneo, en la que era preceptivo, porque así lo recoge específicamente la ley, un informe de Patrimonio, de la Consejería de Cultura, que nunca se pidió.

Al expediente le falta también una declaración de impacto ambiental

El magistrado pone en contradicción el procedimiento seguido con otras actuaciones, como la que afectó a la clínica Quirón, que limita con los Jardines de Monforte, y que contaron con el informe preceptivo, al que además se hizo caso, como la ley establece.

"La conducta de los imputados es merecedora de un reproche jurídico-penal", afirma el juez. ¿Por qué? "Porque, de entrada, la decisión adoptada el 24 de junio de 2004 [la aprobación de las obras] no siguió el procedimiento administrativo correcto y fue dictada por órgano incompetente", explica en el auto.

El juez entiende que está muy claro cuál era el procedimiento adecuado, porque los imputados lo han cumplido en otros expedientes. De hecho, recuerda que el formulario oportuno está aportado a las actuaciones. En él se prevé la intervención de Patrimonio para obras que afecten a bienes históricos sujetos a su tutela. Califica de "insólito" que el concejal Jorge Bellver se diera por enterado la mañana que acudió a declarar ante el juez. Del mismo modo, de "peregrina" la explicación ofrecida por los secretarios del Ayuntamiento.Jorge Bellver "echa la responsabilidad sobre los técnicos que informaron en el proyecto". Lo dice el juez instructor en el auto que lo procesa por prevariación, en el que convierte las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Y a continuación afirma que está claro que hubo "dolo puesto que todos excluyeron la intervención de la Consejería de Cultura a sabiendas de la protección especial que tenía el entorno en donde se iban a realizar las obras". Más aún, el juez añade: "Se construyeron una teoría ad hoc para ningunear esa intervención y se autoafirmaron en una decisión documentada en una pluralidad de actos coincidentes".

Ese es uno de los bloques de "excusas", así las califica el magistrado, ofrecidas en sus testimonios por los imputados. Otro de ellos lo constituye "que la intervención de la Consejería de Cultura no era obligatoria hasta la aprobación de un plan especial que regule el subsuelo del entono, a partir de la Ley del año 1988, no existió tal protección". El magistrado contesta a ello tildando de "peregrina" la interpretación "de un inexistente silencio legal". Y lo entiende así, dice, de forma "clara, precisa y terminante" al poner ese argumento en contradicción con la resolución de 1992, que afectó a las obras de la colindante Clínica Quirón (que limita con los Jardines de Monforte). El juez afirma que el propio secretario del Ayuntamiento, ahora procesado, García Rabasa, firma la propuesta de acuerdo de aquel expediente en la que menciona los informes emitidos por la Dirección General de Patrimonio para aprobar definitivamente los estudios de detalle de la licencia pedida por la Clínica Quirón.

Otro conjunto de excusas es el que pretendió convencer al juez y al fiscal de que se admitía la protección del entorno exterior del recinto ajardinado pero no la del subsuelo de las calles que circundan el jardín protegido (su primera protección fue en 1941, la segunda y definitiva en la legislación autonómica en 1992). Dice el magistrado que Juan Antonio Altés Martí, imputado, arquitecto y jefe de servicio de Planeamiento de la concejalía de Urbanismo, fue quien más insistió en que las calles colindantes con el jardín eran de dominio público y permitían excavación y acoger un aparcamiento subterráneo. El juez lo tacha de "burda maniobra de burlar la norma y vaciar gratuitamente de competencias a la Dirección General de Patrimonio". Agrega que es "un tosco y rudimentario subterfugio".

El magistrado considera "absurdo" que se pretenda defender que las obras realizadas en el subsuelo del jardín o de las calles limítrofes no van a afectar al bien especialmente protegido. Para él, es justo lo contrario. "Esa es la interpretación natural del sentido común". A esa visión le ayudó la intervención del que fuera director general de Patrimonio. Según consta en el auto, en su declaración "precisó que las obras del subsuelo afectaron a los jardines no sólo cuando la excavación y el movimiento de tierras, sino por la construcción de un muro subterráneo que aísla las capas freáticas de los jardines en esa zona".

Por eso mismo, el juez destaca que en el expediente no haya "un estudio de impacto ambiental" y que "no se podrá decir que las obras no han provocado consecuencia alguna porque jamás se habrá dado la oportunidad de abordarse". A Bellver, el juez le recuerda que "su firma no es un acto puramente formal o accesorio, como pretende su defensa, sino principal y nuclear, como concejal de Urbanismo".