"Les he aconsejado que no vayan"

Jesús María Villegas, abogado de Aitor Tellería y su esposa, Araceli Bajo, explicó ayer a este periódico por qué ambos han decidido no comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento. "Les he aconsejado a mis clientes que no acudan porque la comisión carece de las garantías jurídicas necesarias para preservar sus derechos fundamentales", resumió el letrado. Según argumenta, el hecho de que una de las dos causas abiertas por la justicia esté aun protegida por el secreto de sumario -la del presunto espionaje político- impide que puedan acudir a la Cámara. Villegas considera que el hecho de que Bajo, imputada solo por la causa de presunta corrupción, que ya no está protegida por el secreto de sumario, sea la esposa de Tellería invalida a su vez que comparezca ante el Parlamento. "No se les puede preguntar sobre estas cuestiones", añadió el letrado, que atribuyó a "intereses políticos" la creación de la citada comisión. "Si tienen que ir, que nos lo diga un juez", concluyó.

El delito de desobediencia supone entre seis meses y un año de cárcel

La presidencia del Parlamento recibió ayer el burofax en el que el matrimonio hace oficial su no asistencia. Villegas lo envió el pasado lunes, el mismo día en que Iñaki San Juan -administrador de dos empresas que recibieron adjudicaciones sospechosas del Departamento de Cultura- dio plantón a la Cámara sin aviso previo ni explicación alguna. Araceli Bajo tenía cita para hoy por la mañana, junto a Ainhoa Bilbao, la esposa de otro de los supuestos cerebros de la trama, Alfredo de Miguel.

La comisión tiene previsto llevar ante la fiscalía a las personas que no comparezcan para que sean perseguidas por un delito de desobediencia. Se arriesgan así a una condena de entre seis meses y un año de prisión. En caso de ser autoridad o cargo público, además implicaría una suspensión de entre seis meses y dos años.

Las personas citadas por la comisión tienen la obligación de comparecer y de que lo que digan ante los parlamentarios sea verdad, pero tienen derecho a no responder a las preguntas planteadas. En el caso de San Juan, la Cámara le ha convocado otra vez para el día 17 de enero antes de llevar la cuestión a los tribunales. Con respecto a Tellería y su esposa, la justicia deberá dilucidar si el envío de un burofax para notificar que no acudirán juega a su favor. En todo caso, es de suponer que los imputados que opten por comparecer se acojan a su derecho a no declarar.