Presunción de inocencia
En la Operación Galgo, solamente Mercedes Pérez Barrios, la juez que instruye la causa sobre la trama del dopaje, tiene la potestad a dictaminar, una vez finalizado el proceso y en base a las pruebas que haya aportado la Guardia Civil, si los presuntos implicados son culpables o inocentes.
Nadie más, ni siquiera el Consejo Superior de Deportes o la Federación Española de Atletismo, pueden arrogarse ese noble cometido.
Precisamente, estas instituciones deportivas, al día siguiente de destaparse la trama, conminaron al atleta Alemayehu Bezabeh, presunto implicado, a que abandonara la residencia Blume, donde vivía becado, y la retirada de su licencia. Sin embargo, algunos atletas que han sido señalados por Pascua Piqueras delante de la Guardia Civil como presuntos dopados siguen utilizando las pistas del INEF de la Blume para entrenarse. Demasiadas contradicciones y escaso rigor oficial.
En todo este controvertido asunto, los verdaderos perjudicados son ese numeroso grupo de atletas que siempre han defendido los valores del deporte limpio y, lo más grave, la nefasta imagen que estamos ofreciendo de nuestro atletismo.
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