San Juan desaira con su plantón el estreno de la 'comisión De Miguel'
Se arriesga a un delito de desobediencia si no comparece en la segunda citación
El tiempo dirá si fue un despiste o un desafío en toda regla. En todo caso, la noticia de la primera jornada de la comisión de la Cámara vasca que investiga la presunta trama corrupta del denominado caso de Miguel y su vertiente de espionaje, el caso Tellería, fue la ausencia Iñaki San Juan, responsable de dos empresas que recibieron adjudicaciones sospechosas del Departamento de Cultura del Gobierno de Ibarretxe. Sí compareció el otro de los citados ayer, un funcionario del Departamento de Cultura que aportó información técnica sobre el funcionamiento de la Administración.
San Juan, ex edil del PNV en Leioa, dio plantón a los parlamentarios aún a costa de arriesgarse a ser imputado por un delito de desobediencia. La comisión ha decidido darle una segunda oportunidad, fijando una otra cita para el día 17 de enero a las diez de la mañana. Si no comparece entonces, la Cámara pondrá el asunto en manos de la fiscalía para que se le aplique el artículo 502 del Código Penal. La investigación judicial del caso De Miguel no le ha citado ni como imputado ni como testigo. Las dos causas de la presunta trama, la de corrupción y la de espionaje, suman de momento quince imputados, en su mayoría vinculados al PNV.
Lo extraño es que, para no arriesgarse a ser perseguido por desobediencia, a San Juan le bastaba con hacer acto de presencia y acogerse a su derecho a no declarar para cumplir el trámite sin responder a las preguntas, según explicó el presidente de la comisión, Juan José Agirrezabala. La no asistencia de San Juan era un rumor que circulaba en los pasillos de la Cámara desde hace días, reconoció Agirrezabala. El Parlamento no había conseguido contactar con él por teléfono en las múltiples llamadas realizadas, aunque sí se pudo dejarle el recado con su secretaria. Además, un burofax le fue enviado para comunicarle la cita.
Agirrezabala, por su parte, anunció que la comisión ha optado por realizar con carácter general una segunda convocatoria en caso de ausencia antes de llevar los desplantes al Ministerio Público. Cuando son autoridades o personas que ostenten cargos públicos, una condena por desobediencia implicaría una pena de suspensión de empleo o cargo de entre seis meses y dos años, recordó el presidente de la comisión.
Los parlamentarios esperaban que San Juan, administrador de las empresas Ortzi Muga y Errexal, explicara por qué sus compañías habían cobrado más de 150.000 euros del Departamento de Cultura cuando la gran mayoría de los trabajos supuestamente realizados no dejaron ningún rastro documental. En el caso de Ortzi Muga, la compañía ingresó cerca de 57.000 euros por cinco trabajos sin acreditar para el área de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento, dirigida entonces por Xabier Sánchez Robles, imputado por los hechos junto al entonces viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, que estampó su firma en los contratos de Cultura con Ortzi Muga, Errexal y Kataia Consulting. Larrañaga afirmó en su declaración en sede judicial que se fiaba de los contratos que Sánchez Robles le iba pasando, sin verificar su posterior ejecución. La otra empresa de San Juan, Errexal, supuestamente recibió ingresos injustificados de Cultura por un valor de más de 100.000 euros.
Ortzi Muga consiga su sede social en la calle Vicente Goicoechea número seis de Vitoria, en la sexta planta, misma dirección que la consultoría Betean, que cuenta como uno de sus referentes a Aitor Alzola, miembro del EBB. Alzola explicó meses atrás a este periódico que utilizaron la dirección de su consultoría en Vitoria sin su consentimiento y que había exigido a San Juan que pusiera fin a la situación.
La primera sesión de comparecencias de la comisión contó con la presencia de sus cinco miembros - Agirrezabala por el Grupo Mixto, Oscar Rodríguez (PSE), Carmelo Barrio (PP), Mikel Basabe (Aralar), Maria Eugenia Arrizabalaga (PNV)- y dos de los suplentes -Carlos Urquijo por el PP y Nerea Antia por el PNV-. Por su parte, el primer testigo, un técnico del Departamento sin ninguna vinculación con el supuesto fraude, mostró su "plena colaboración" y respondió a las dudas de los parlamentarios, según resaltó Agirrezabala.
Las esposas de los 'cerebros' de la trama, mañana
La comisión parlamentaria que investiga las supuestas tramas de corrupción y espionaje que salpican al PNV alavés ha citado mañana por la mañana a las esposas del ex diputado foral Alfredo de Miguel y el ex dirigente del PNV alavés Aitor Tellería, Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo, respectivamente. Ambas están imputadas en la causa al figurar como administradoras de Kataia Consulting. Esta empresa fue supuestamente utilizada para desviar fondos públicos a través del pago de facturas por trabajos no realizados. También está imputada por los mismos hechos Iratxe Gaztelu, esposa de Koldo Otxandiano, ex director financiero del Parque tecnológico de Miñano y ex director del Instituto Foral de Bienestar. Su comparecencia ante la comisión está fijada para el día 14.
En su declaración en sede judicial, las tres esposas responsabilizaron a sus maridos del control de la sociedad investigada y explicaron que se limitaban a firmar los documentos que estos les iban pasando. Ainhoa Bilbao y Araceli Bajo estaban entre las ocho personas detenidas a mediados de marzo cuando estalló el escándalo que apunta al núcleo del PNV alavés, presidido por Iñaki Generabarrena.
En otras comisiones de investigación realizadas por la Cámara vasca, ha sido habitual que los imputados argumentasen que el proceso judicial en su contra seguía abierto para no responder a las preguntas de los parlamentarios. Así ocurrió, por ejemplo, con el ex director financiero del Museo Guggenheim, Roberto Cearsolo, que terminó siendo condenado por un desfalco de más de medio millón de euros.
La comisión de investigación dedica estas primeras comparecencias a esclarecer las responsabilidades políticas relacionadas con los contratos supuestamente irregulares del anterior Departamento de Cultura.
La entonces consejera, Miren Azkarate, se someterá a las preguntas de los grupos el día 14. Dos días antes será el turno del viceconsejero Gurutz Larrañaga, mientras que el director de Juventud, Xabier Sánchez-Robles, que no respondió a las preguntas planteadas en sede judicial, está citado para el día 10.
La no comparecencia de Iñaki San Juan no retrasará el calendario previsto, según el presidente de la comisión, que explicó ayer que el mismo día 17 se empezará a trabajar en las conclusiones.
La investigación
Mientras la justicia sigue en fase de instrucción, la comisión parlamentaria que investiga los casos De Miguel y Tellería buscará depurar responsabilidades políticas en los siguientes casos: los contratos sospechosos de Cultura, el presunto espionaje político, la gestión de compra de terrenos para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano y una operación urbanística en Zambrana, además de otra operación en Santurtzi no relacionada con la trama alavesa.
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