Anticorrupción descubre el 'baile' de empresas de Correa

Las principales empresas del cerebro de la trama de corrupción destapada con el caso Gürtel funcionaban como si se tratara de una sola, según la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe reciente ha solicitado que la liquidación del impuesto sobre sociedades y el IVA de Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico, Good and Better y Easy Concept se efectúe considerándolas como una única sociedad. "En definitiva, la utilización de cuatro entidades diferentes con actividad indiferenciada tenía como objeto ocultar la identidad de quienes se encontraban tras ellas y evitar el conocimiento de la vinculación entre ellas en la contratación administrativa", según la fiscalía, que relata que las cuatro empresas, que facturaban básicamente en la Comunidad de Madrid, funcionaban "desde todos los puntos de vista" como una única mercantil con idénticas actividades, trabajadores y administración. Estas cuatro empresas están consideradas por su volumen de negocio como las principales del caso.

Hasta el momento, unas 130 personas están imputadas en el Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. El caso, inicialmente instruido por el magistrado Baltasar Garzón, está en manos ahora del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

Las sociedades objeto del informe recibieron decenas de contratos del Gobierno regional y de los Ayuntamientos implicados en la trama, todos ellos del PP, por más de tres millones de euros, según el sumario, que amplía esta cantidad hasta los cuatro millones si se incluye el Grupo Rafael.

El empleo de estas cuatro sociedades mercantiles por parte de Correa le habría permitido dificultar la identidad de las personas propietarias de las mismas, y copar los concursos públicos con entidades del mismo grupo, consiguiendo aparecer como entidades independientes "vulnerando así los principios de publicidad y concurrencia", explica el ministerio público.

Un ejemplo que ilustra esta forma de actuación de las empresas de Correa en Madrid se halla, según la Fiscalía, en la contratación pública referida a Arganda del Rey. Un informe de la Agencia Tributaria sobre la contratación en este municipio del sureste madrileño pone de manifiesto el fraccionamiento de expedientes utilizando las distintas empresas del grupo. Y el informe destaca algunas de estas adjudicaciones: la VII Olimpiada Escolar, la VIII Gala del Deporte y la X Olimpiada del Deporte. Pero la Agencia Tributaria también detectó irregularidades como adjudicaciones a las que solo se pedían presupuestos a tres empresas del grupo de Correa, tal y como ocurrió en el acto de la colocación de la primera piedra de la comisaría del municipio y en la XII Gala del Deporte.

Los fiscales aportan más evidencias de esta "unidad", como por ejemplo que todas estas empresas estaban administradas por las mismas personas, entre otras Isabel Jordán. Esta forma de controlar las cuatro empresas continuó tras la salida de esta mujer, que fue sustituida en 2007 por Javier Nombela, entre otros. Por encima de estos gestores siempre se encontraban el ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo Sabaris, y el propio Correa.

Las cuatro mercantiles de la red corrupta también tienen una composición accionarial semejante, pues los accionistas mayoritarios son desde 2005 Isabel Jordán y otra empresa, Hator Consulting (80%). Por eso, los accionistas reales son, según la Fiscalía, además de Jordán, Francisco Correa, Pablo Crespo y José Ramón Blanco Balín, este último uno de los gestores de las inversiones de la trama en los paraísos fiscales caribeños de las islas Nieves y Curaçao. Aunque el porcentaje de Blanco Balín, un conocido empresario, podrían ser los honorarios recibidos de Correa por su trabajo.

Lo que parece determinante para dar la razón a la Fiscalía, que considera que se trata de una única empresa, es que las cuatro desarrollaban la misma actividad con los mismos empleados y en la misma sede. Todos los empleados admitieron en sus declaraciones judiciales que pese a la existencia de diferentes sedes sociales, todos trabajaban a diario en la misma dirección de Pozuelo de Alarcón.

Los registros realizados en las diferentes empresas han permitido que el sumario incorpore datos que muestran también que la contabilidad de las cuatro firmas se había unificado, algo que compartían con otras empresas de la trama como las del Grupo Rafael, que de forma periódica justificaban sus ingresos a las empresas de Correa.

La investigación de Anticorrupción se amplía con un análisis de los cambios registrados en la red como consecuencia de las investigaciones realizadas por distintos juzgados. En 2005, a raíz de unas publicaciones periodísticas y de un procedimiento judicial relacionado con Luis de Miguel Pérez

[uno de los gestores del dinero de Francisco Correa en los paraísos fiscales], la trama se desvinculó de este abogado, transfiriendo la gestión de las sociedades Kintamani y Caroki al despacho de Ramón Blanco Balín, que continuó con su administración. Correa también se desvinculó de De Miguel en otras empresas: Orange Market y Down Town Consulting, siendo esta última el origen de Easy Concept, que pasó a controlar Isabel Jordán.