El fiscal pide inhabilitar al promotor y al alcalde de Navas del Marqués

El fiscal ha pedido 12 años de inhabilitación para el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez (PP), el secretario municipal, Carlos de Vega, y para el promotor Francisco Gómez Hernández, El Paloma. La fiscalía considera que los tres urdieron una "operación especulativa" para levantar una urbanización en un pinar protegido en Ávila. La vía penal del caso Navas del Marqués, dividido en cuatro piezas -dos de las cuales han sido archivadas-, avanza cuatro años después de que el Tribunal Superior de Justicia anulase la urbanización.

El escrito del fiscal afirma que la constitución en 2000 de una sociedad en la que el alcalde era el presidente y De Vega era el secretario general "sirvió para sortear escollos legales" que tenía el Ayuntamiento para vender parte de su suelo a El Paloma. La sociedad, llamada Montes de Las Navas, compró los pinares que rodean el pueblo a la Unión Resinera SA y decidió vender una parte a El Paloma para que construyera 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf. El terreno incluye una parte que es zona de protección de la cigüeña negra, especie amenazada.

La empresa pública acordó con El Paloma la venta de una parte del terreno y se comprometió a "llevar a cabo un proceso de licitación pública procurando que ello no suponga un fracaso del proyecto". Es decir, en las escrituras se comprometían a aprobar la urbanización antes de realizar un concurso público y sin trámites ambientales.

"Resolución arbitraria"

El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, considera que eso dio "apariencia de legalidad" a una "resolución arbitraria" y pide 12 años de inhabilitación para El Paloma por prevaricación para "la profesión de promotor inmobiliario".

El juzgado de Ávila que lleva el caso ha dictado la apertura de juicio. Dos de las otras investigaciones han sido archivadas. La de la tala de cientos de pinos en 2006, cuando la urbanización ya había sido anulada por los tribunales, y la pieza contra técnicos que apoyaron la recalificación. Queda otra instrucción en Valladolid sobre la participación en la recalificación de altos cargos de la Junta.

Carlos Bravo, de la asociación ecologista Centaurea, que ha ejercido la acusación, afirma: "Estamos viendo la luz al final del túnel. Aunque sea tarde, el fiscal ha visto claro el caso y se sentarán en el banquillo".