España entrega a Rabat a un belga contra el criterio de la ONU

Ha pasado 10 días incomunicado y sin posibilidad alguna de ver a su abogado o familiares. El 27 de diciembre terminó su situación de detención policial y, desde entonces, se encuentra en la prisión de Salé (Marruecos) aunque, por el momento, tampoco puede ser visitado. El melillense de nacionalidad belga Alí Aarrás, acusado por Rabat de delitos de terrorismo relacionados con los atentados de Casablanca de mayo de 2003, fue extraditado por España a ese país el pasado 14 de diciembre. El Consejo de Ministros denegó días antes la entrega de Mohamed el Bay, también melillense, aunque de nacionalidad española. "¿Por qué un español no y un belga sí? Un comunitario no puede ser discriminado en la UE", reclama su abogado, Nayim Mohamed Alí.

El Comité de Derechos Humanos pidió que se parara la extradición

La entrega de Aarrás a Marruecos fue acordada por la Audiencia Nacional, decisión que fue bendecida por el Consejo de Ministros del pasado 19 de noviembre. La decisión se adoptó desoyendo al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, el pasado 26 de noviembre, reclamó a España que no extraditara al belga a Marruecos mientras su caso estuviera siendo examinado por ese organismo. La entrega a las autoridades de Rabat, sin embargo, fue efectivamente ejecutada el 14 de diciembre sin que su familia ni su letrado fueran avisados.

La extradición fue también condenada por Amnistía Internacional que, además de recordar el requerimiento de Naciones Unidas a España, subrayó "los persistentes informes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad marroquíes en nombre de la lucha antiterrorista", según su directora para Europa, Andrea Huber. "La extradición constituye una violación de varios tratados de los que España es parte, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe devolver a una persona a un país donde pueda correr riesgo de tortura", prosiguió Huber. "Las autoridades españolas han expuesto a Aarrás a un grave riesgo", añadió. Pero la Audiencia Nacional, que aprobó la entrega, aseguró que esas vulneraciones de derechos humanos "no pueden reputarse sistemáticas y generalizadas".

También el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), protestó la decisión del Gobierno. Recordó que hasta 1986 los melillenses de origen bereber no podían acceder a la nacionalidad española, consideró una "aberración" que se le pudiera entregar por no tener pasaporte español. "Aarrás tiene muchos más derechos que un ciudadano belga", añadió.

Aarrás fue detenido junto a El Bay el 1 de abril de 2008 en cumplimiento de una orden internacional emitida por Marruecos. La justicia marroquí los considera miembros de una red terrorista dirigida por Abdelkader Belliraj, un belga-marroquí al que se imputa media docena de asesinatos y ha sido condenado a cadena perpetua.