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Condenado el gerente de una constructora por un accidente en las obras de unos chalés

San Sebastián

El gerente de una empresa de construcción ha sido condenado a tres meses de cárcel y a pagar una multa de 270 euros por el grave accidente sufrido por un trabajador en las obras de ocho chalés adosados en Olaberria. Los hechos ocurrieron sobre las ocho de la mañana del 2 de julio de 2003, cuando el operador de una grúa instalada en la obra perdió el control de la misma y el cubo de hormigón que transportaba impactó contra una plataforma sobre la que trabajaban dos obreros, que cayeron al suelo desde una altura de casi cuatro metros.

La sentencia explica que la plataforma en que se encontraban los empleados tenía una barandilla trasera de protección, pero carecía de la misma en la parte delantera, "contraviniendo el contenido del Plan de Seguridad y Salud", además de "los criterios señalados en las instrucciones técnicas de seguridad del diseñador del encofrado modular" y "la más elemental prudencia en relación con unos trabajos a desarrollar en altura".

El fallo añade que los trabajadores no habían recibido información al respecto en la obra, en la que tampoco se había impuesto "el uso de cinturones de seguridad, perchas o cualquier otra medida individual de seguridad que paliara la carencia a de medidas colectivas", causadas por la ausencia de la mencionada barrera.

Uno de los trabajadores sufrió diferentes heridas de las que tardó casi un año en recuperarse, tras permanecer 49 días hospitalizado. Las secuelas que padece le obligan a usar muletas y "le impiden la realización de las tareas fundamentales propias de la profesión de encofrador". El otro obrero no concretó sus heridas en el procedimiento judicial y renunció a las indemnizaciones que pudieran haberle correspondido.

Durante el juicio, el acusado, cuya empresa había sido subcontratada por otra subcontrata de la adjudicataria de las obras originales, se conformó con las penas solicitadas por la fiscalía, por lo que ahora ha sido condenado a tres meses de cárcel y una multa de 270 euros por un delito contra los derechos de los trabajadores.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de diciembre de 2010