Tarifas en crisis

La decisión del Gobierno de subir la tarifa eléctrica en el 9,8% para unos 20 millones de consumidores obedece a la lógica aceptada en una economía de mercado: en un sistema regulado, los precios tienen que recoger los aumentos de los costes. Si además se sabe que en estos momentos los consumidores españoles deben unos 20.000 millones de euros a las compañías eléctricas en concepto de déficit de tarifa, que tienen que pagar porque así lo dice la ley, la subida de la luz en enero era inevitable. Pero los efectos políticos son otro cantar. Una subida de esta magnitud, sin precedentes en la historia energética española, sobre todo si se tiene en cuenta que en 2011 probablemente será necesario aprobar nuevos aumentos, contribuirá a reducir la renta de las familias (sobre todo sumada a los encarecimientos del gas, casi el 4%, o del transporte) y aumentará el malestar social en un periodo recesivo.

El espinoso problema de las tarifas eléctricas suscita dos preguntas: cómo se ha llegado a esta situación y qué soluciones existen para rebajar una deuda de 20.000 millones que, además de cuestionar la solvencia de las empresas que la soportan en sus balances, pesa como una losa sobre el mercado español de deuda. A la primera pregunta, la respuesta es que el PP fabricó un método de cálculo de la tarifa que derivó hacia el futuro todos los aumentos imprescindibles. Embalsó los precios (una muestra de la política económica favorita del PP) para que los pagaran los consumidores del futuro y se colgó la medalla de no subir la luz. Los Gobiernos del PSOE han sido incapaces, en más de siete años, de deshacer ese entuerto. Conocían los riesgos de una deuda creciente, pero demoraron en varias ocasiones las subidas necesarias y se negaron a enfrentarse a una reforma en profundidad del sistema. El resultado es que el recibo de la luz carga hoy con facturas insoportables; sobre el usuario pesan desde las ineficiencias del sistema (la disparatada subvención al carbón nacional) hasta la obligación de primar energías renovables cuyos beneficios, en algunos casos, no son evidentes.

Las soluciones requieren una capacidad política que, hasta ahora, brilla por su ausencia en Industria. El decreto de la semana pasada, que recortaba los costes reconocidos a las empresas y reducía las primas a las fotovoltaicas, es una gota en un océano; ahorrará, si todo va bien, 4.600 millones en tres años. Pero solo en 2011 el déficit de tarifa aumentará en otros 5.000 millones. Para hacer frente a la crisis, el Gobierno tiene que elaborar un calendario de subidas, conocido por consumidores e inversores; negociar con empresas y bancos una reestructuración de los compromisos de subvención a las renovables; imponer más controles y evitar los excesos en la producción renovable; y reformular el sistema de forma que las compañías ya no reciban beneficios regulatorios por las instalaciones amortizadas (nuclear e hidráulica). La regulación eléctrica debería haberse corregido en 2004. No se hizo y los consumidores pagan hoy las consecuencias.