La mitad de los recién jubilados ha cotizado más de 36 años

El Gobierno elevará progresivamente los años exigidos para jubilarse a los 65 con el objetivo de que las excepciones al retiro a los 67 sean cada vez menores

El aumento en la edad legal de jubilación afectará aproximadamente a la mitad de los trabajadores que tengan previsto jubilarse en los próximos años. Aun si la norma entrase en vigor con rapidez, una buena parte de los activos estarían amparados por la principal excepción que ha anunciado el Gobierno para la jubilación obligatoria a los 67: acreditar largas carreras de cotización. La mitad de los nuevos pensionistas abandona el mercado con más de 36 años cotizados, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Superar esa barrera es la condición que ha fijado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para mantener el derecho a retirarse a los 65. No obstante, la futura reforma elevará ese listón progresivamente hasta una altura que el Gobierno todavía no ha concretado.

Quienes cumplan los requisitos a los 65 podrán acceder al 100% de la pensión
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Los datos de la Seguridad Social demuestran que la gran mayoría de los actuales jubilados (un 64%) abandona el mercado a partir de los 35 años cotizados que les permiten cobrar el 100% de la pensión. De entre todos los cotizantes, los del régimen general presentan las mayores garantías de librarse de los 67 años. El 72% se jubila a partir de 35 años en el sistema, según datos de la Seguridad Social referentes a 2009, el último año disponible. Estas cifras no discriminan entre quienes se quedan en esa meta y quienes la superan, pero esas fuentes de Trabajo aseguran que en torno a la mitad acredita carreras superiores a los 36.

El motivo es que la generación que se jubila ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Para quien se marcha a los 65, acreditar 35 supondría haber empezado a cotizar a los 30, un horizonte bastante tardío para las generaciones anteriores. Además, no existen grandes incentivos a jubilarse al sumar los 35 años justos para la pensión máxima, pues si no se alcanza la edad legal de retiro, el pensionista sufre una penalización en su renta, algo suavizada, eso sí, cuantos más años se acrediten.

A falta de concretar el proyecto de ley que aprobará el Gobierno el 28 de enero, el ministro de Trabajo ha citado como colectivos que mantendrán la edad de jubilación en los 65 a los trabajadores con labores penosas y a quienes acrediten, en principio, más de 36 o 37 años cotizados.

Ahora, ese umbral irá aumentando progresivamente. El Ejecutivo todavía no ha especificado hasta qué edad, pero baraja elevar el listón más allá de los 40 años. Francia es uno de los referentes que estudia Trabajo y allí el límite está en 41,5 años.

El Ejecutivo tampoco tiene clara la extensión del periodo transitorio en el que se irán elevando los años necesarios para jubilarse a los 65 años. Sí que ha decidido que sea amplio (probablemente por encima de los 12 años), para diluir el efecto frontera y que los afectados tengan tiempo para planificar su vida laboral.

Lo que sí está definido, según ha podido saber EL PAÍS, es que quienes cumplan el requisito de años cotizados y opten por retirarse no tendrán ningún tipo de penalización y percibirán el 100% de la pensión que les corresponda.

Con estas líneas básicas y los datos actuales queda claro que la intención de prolongar la vida activa a los 67 años se dirige casi exclusivamente a las nuevas generaciones de cotizantes, que se incorporan más tarde al mercado y, con edad legal o sin ella, necesitarán cotizar muchos años para cobrar la totalidad de la pensión a la que tengan derecho. A los trabajadores exentos de trabajar hasta los 67 por sus largas carreras se les sumarán los de sectores especialmente penosos. A falta de concretarlos, los registros de la Seguridad Social recogen a casi 1,5 millones de afiliados en actividades de la construcción y más de un millón en agricultura, ganadería, pesca y minería.

El amplio margen que otorga esa flexibilidad es la baza que jugará el Ejecutivo para negociar la reforma con los grupos políticos (que hoy aprueban sus recomendaciones en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo) y, sobre todo, con los sindicatos, los más reticentes a la reforma de pensiones que plantea el Gobierno. Tanto UGT como CC OO rechazan frontalmente el alargamiento forzoso de la edad de jubilación, pero si Trabajo finalmente articula la propuesta de forma que exima a una buena parte de los posibles afectados ahora, los sindicatos podrían entrar a negociar. Porque el resto de la reforma no les plantea tantas objeciones.

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