Mas rebajará impuestos y revisará la sanidad pública

El Gobierno de Artur Mas tomará hoy posesión en el Palau de la Generalitat con una hoja de ruta clara bajo el brazo. Una de sus primeras decisiones será encargar una auditoría para conocer el estado de las cuentas. Según el balance del ex presidente José Montilla, la Generalitat tiene una deuda de 40.000 millones de euros. Mas tiene dos prioridades: reducir impuestos y revisar el modelo de la sanidad pública para evitar su colapso. Otra de las inmediatas será anular la limitación de velocidad a 80 km/hora en los accesos a Barcelona y el código ético de los Mossos. Estos son algunos de los ejes de su futuro gobierno.

- Revisión de la sanidad. Durante la campaña, Mas se comprometió a mantener la misma inversión que el tripartito en sanidad durante dos años. Y, después, se entra en el terreno de la incógnita, aunque cualquier reforma que aplique requerirá el consenso del PSC de acuerdo con el pacto de investidura. De entrada, rechaza el copago porque cree que afectaría básicamente a los pensionistas, los principales usuarios de la sanidad. Pero su objetivo es dar con fórmulas para evitar el colapso del modelo. No ha sido claro y es críptico cuando, a título de ejemplo, habla de establecer filtros para acceder al sistema o que las enfermeras asuman más funciones de las que ejercen. Sus intenciones, en cualquier caso, quedan claras con sus dos fichajes: su consejero de Sanidad es Boi Ruiz, presidente de la Unión Catalana de Hospitales, la patronal del sector, que en más de una ocasión ha defendido cobrar por servicios complementarios como el menú o gravar los medicamentos que se dan en los hospitales. Su otro fichaje, este como asesor, es Miquel Vilardell, presidente del Colegio de Médicos, partidario del copago. El programa de CiU estudia desgravar fiscalmente a quien tenga una mutua privada.

- Supresión de impuestos. La eliminación del impuesto de sucesiones fue una de las propuestas estrella de Mas de su programa electoral. Pese a la crítica situación económica, lo mantendrá. Su objetivo es que los catalanes reciban en este capítulo el mismo trato que los ciudadanos de otras comunidades como Madrid o Valencia. El tripartito ya suprimió la tasa para las clases medias y lo dejó solo para las grandes fortunas. Con esa abolición, las arcas dejarán de ingresar unos 400 millones de euros. Además de esta tasa, Mas quitará todos los aumentos que aplicó el tripartito como los impuestos vinculados a la compra de vivienda o el de matriculación de vehículos.

- Inmersión lingüística. CiU considera absolutamente irrenunciable la defensa de la inmersión lingüística y mantendrá el sistema pese a la sentencia del Tribunal Supremo. Todos los grupos de la Cámara, salvo el Partido Popular y Ciutadans (21 diputados sobre 135) le darán apoyo. En la sesión de investidura, Mas apeló al "sentido común" para defender la inmersión como garantía de cohesión social y la mejor forma para que todos los alumnos aprendan el catalán. Como mucho, CiU revisará la aplicación de la norma por si hay una mala praxis. Ciutadans repitió ayer que no le gustaría que ningún cargo público sea detenido por un delito de desacato. El consejero de Cultura, el ex socialista Ferran Mascarell, gestionará el tema.

- Administración territorial. La ley de veguerías, que pretendía aplicar la distribución territorial previa a 1714 y abolida por el Decreto de Nuevo Planta, pasará seguramente a mejor vida. CiU ya votó en contra de la ley, que dividía Cataluña en siete grandes áreas, porque dijo que se articuló de forma precipitada y con escaso consenso del territorio. El propio alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, ha pedido a Mas que se olvide de esa ley "absurda" que ha desatado rencillas entre localidades vecinas por razones de la capitalidad. Una de las obsesiones de Mas es adelgazar la Administración, y ya dejó claro que no impulsará ninguna nueva administración mientras existan las cuatro Diputaciones.

- Estatuto. Tras la sentencia del Constitucional, Mas dio por muerta la vía estatutaria y en la sesión de investidura afirmó que Cataluña está a las puertas de una "nueva transición nacional". Bajo el lema del derecho a decidir, su aspiración es alcanzar el pacto fiscal en la línea del concierto económico. El programa de CiU incluía la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, pese a que la sentencia laminó esa posibilidad. El presidente Zapatero prometió a Montilla en verano que antes de final de año modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial para colmar esa reivindicación. Mas confía poco en las promesas del presidente del Gobierno. En cualquier caso, ha nombrado para la Consejería de Justicia a la jurista María Pilar Fernández Bozal, hasta ahora jefa de los Abogados del Estado en Cataluña. Su nombre se interpreta como un guiño a la derecha y ha desatado la ira de los independentistas, que le reprochan haber supervisado las alegaciones contra la consulta soberanista de Arenys y las del Gobierno ante el Constitucional contra la Ley de Consultas.

- Interior. Felip Puig, nuevo consejero de Interior, tiene de entrada, al menos, dos cometidos: suprimir de forma inmediata el límite de velocidad de 80 km/hora en los accesos a Barcelona y la abolición del código ético de los Mossos d'Esquadra y revisar el protocolo de las cámaras de vigilancia en comisaría. CiU lapidará toda la herencia de Iniciativa en este departamento. Hoy mismo se realizará el traspaso de poder entre el consejero Joan Saura y el propio Puig.