El informe Pisa y Andalucía

Puntual a su cita nos llega, una vez más, el informe Pisa con sus datos generalmente mal comprendidos y sus comparaciones que tan odiosas resultan para quienes, como los andaluces, salimos perdiendo en ellas. Las variables que intervienen en los resultados son muchas, pero entre ellas hay dos que destacan: el nivel cultural de las familias y la formación y calidad del profesorado. Se afirma que el éxito de Finlandia se debe a que se dedican a la enseñanza los mejores.

Resulta difícil mejorar el nivel cultural de las familias, es un largo proceso que requiere el paso de generaciones. Quizá por eso las administraciones educativas deberían dedicar especial atención a mejorar la formación y calidad del profesorado. Lo que exige, de una parte, dedicar mayores recursos y esfuerzos a la formación de los docentes y, de otra, actuar sobre el sistema de ingreso de manera que entren en él los mejores de cuantos lo pretenden. En Andalucía existe el mismo sistema de acceso a la enseñanza pública que en el resto de España, la oposición. Sin embargo, la Administración andaluza suele arreglárselas para abaratar las pruebas, reducir su contenido, reducir sensiblemente el tiempo de exposición de los exámenes orales y escritos, eximir a algunos opositores de algunas pruebas... de manera que los maestros con mucha formación tienen las mismas posibilidades de superar las pruebas que los que carecen de ella. ¿Es esta la forma de que se dediquen a la enseñanza los mejores?

Se dice que todo ello se ha hecho para facilitar el acceso a los muchos interinos que el sistema ha ido acumulando. No parece que sea esa la única explicación. Según declaraciones en prensa del consejero de Educación andaluz ya se ha eliminado la gran bolsa de interinos y si hemos de creer lo que dicen los sindicatos del sector (que se vanaglorian del hecho y se permiten hacer cuñas publicitarias radiofónicas anunciándolo) la Consejería de Educación de Andalucía tiene la intención de prorrogar el sistema transitorio de acceso a la función pública, manteniendo los criterios de acceso a la baja utilizados en los últimos años. Resulta tan incomprensible como imperdonable que la Administración no ponga las condiciones que garanticen la mejor selección de los docentes en orden a sus capacidades y competencias.