La herencia urbanística del ex alcalde de A Coruña

Si llega a tomar cuerpo la investigación, el caso de la parcela de Marineda Plaza-Ikea no será el único en que las actuaciones urbanísticas de los 23 años de Gobierno de Francisco Vázquez han tropezado con los tribunales. Estos días colean tres de ellas: una sentencia firme que ordena el derribo de un edificio de lujo, otra que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a cinco propietarios con 8,2 millones de euros y una tercera, recurrible, que anula la licencia a una torre de viviendas.

El caso del edificio Conde de Fenosa es el más emblemático. La sede histórica de Fenosa, con fachada a tres calles, fue convertida en 1997 en viviendas de lujo por Fadesa (cuando era de Manuel Jove). El Gobierno local concedió una licencia de reforma integral y cambio de uso de oficinas a viviendas, a pesar de que regía el Plan General de 1985 que prohibía otorgar permisos que no fuesen de conservación y mantenimiento en edificios fuera de ordenación que supusiesen agravar dicha situación urbanística.

Un año después, el Plan General de 1998 modificaba las condiciones del edificio y, al abrigo de esta normativa, el Gobierno local le otorgó dos nuevas licencias que sustituyeron a la primera. Sin embargo, una sentencia de 2001 ordenó el derribo. Ahora, dos decisiones del Tribunal Superior de Xustiza han descartado la legalización del inmueble. El actual alcalde, Javier Losada, que formaba parte del Gobierno de Vázquez cuando se tramitó el expediente, ha reiterado que "descarta el derribo".

Pisos pero no oficinas

Otro edificio cuestionado es una de las torres, de 17 plantas y 144 viviendas, que la inmobiliaria Reyal Urbis erigió en la entrada de la ciudad. Una sentencia anuló la licencia concedida en 2006 porque preveía la construcción de seis plantas de aparcamiento pero sólo se hicieron tres y la mayor parte de los garajes se construyeron bajo suelo dotacional público.

El Ayuntamiento ha recurrido, algo que no podrá hacer con otro fallo sobre unos terrenos en la misma zona. Deberá pagar 8,2 millones a cinco propietarios de terrenos expropiados en 1989 (a 35 euros el metro cuadrado) para construir un campo de fútbol para el Relámpago SD. El club de Elviña se quedó sin campo y se construyeron pisos. Cerca de allí, la Xunta acaba de ser condenada por lo mismo: expropió 157.000 metros cuadrados para un Parque Ofimático, que luego cambió por pisos.