El sector agroalimentario, un pilar de futuro

A nadie se le escapa el papel fundamental de la alimentación para la vida y la salud de las personas. Necesidad, placer, cultura y convivencia se unen en la mesa. Esta pequeña ceremonia cotidiana, en su aparente sencillez, muestra que la alimentación es capaz de armonizar, como pocas actividades humanas, el interés individual y el colectivo. Curiosamente, la economía pone también en contacto estos dos intereses y, dentro de ella, el sector agroalimentario destaca por generar riqueza alrededor de una actividad imprescindible. Pero esta industria no solo produce bienes para el consumo, sino que mantiene una estrecha relación con una serie de elementos de gran valor vinculados a la identidad de un país, como el patrimonio natural, el paisaje y la gastronomía.

Hay que evitar legislaciones distintas en los niveles europeo, nacional y regional

La ventaja competitiva de España solo puede basarse en una economía del conocimiento

En su dimensión estrictamente económica y ateniéndonos a las cifras, la relevancia del sector en España es notable. Con unas 30.000 empresas y medio millón de trabajadores, representaba a cierre de 2009 el 8% del PIB general y el 14% del PIB industrial, conformando el primer sector manufacturero de nuestra industria y siendo clave en la proyección exterior de nuestro país y en su balanza comercial, con un valor de las exportaciones que asciende a 15.000 millones de euros. Por dimensión, por ocupación, por fuerza productiva y exportadora y por su valor estratégico, el sector agroalimentario constituye uno de los principales motores del país. Son argumentos que permiten afirmar que la salud y vitalidad de nuestra economía dependen, en parte, de él.

En un tiempo de grave crisis global, que afecta especialmente a España, debemos de ser capaces de movilizar nuestros mejores activos con el fin de estabilizar la situación y, posteriormente, completar con garantías este camino hacia el avance de la productividad, como ya están haciendo algunos países de la zona euro.

En este contexto, la lógica aconseja apostar por aquellas actividades que han demostrado solidez ante la adversidad de los dos últimos años.

Si observamos con atención el comportamiento del sector agroalimentario en lo que llevamos de crisis, nos daremos cuenta de que, aunque no ha sido inmune a ella, puesto que ha experimentado un decrecimiento del 3,4% en cuanto a valor de la producción con respecto al año anterior, ha logrado mantenerse con éxito. Esto se explica por distintas razones entre las que cabe señalar, de entrada, sus características intrínsecas y su comportamiento anticíclico que le hacen menos vulnerable que otros sectores industriales en situaciones adversas. Otros factores que han contribuido a esta resistencia son la calidad y seguridad en la producción, el mantenimiento del empleo y la importancia de la demanda exterior. Quizá todo esto no hubiese bastado sin una determinada actitud. Ante la incertidumbre, nuestros empresarios han apostado por la prudencia y la estabilidad. Finalmente, merece la pena subrayar que el sector ni ha precisado ni solicitado ningún tipo de ayuda gubernamental durante este tiempo.

Por tanto, no es casual que el Ministerio de Industria haya señalado al sector agroalimentario como una de las siete áreas estratégicas de nuestra economía sobre las que pivotará la recuperación, según contempla el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN 2020), y que incluye también a la automoción, el sector aeroespacial, la biotecnología, las nuevas tecnologías, la industria orientada a la protección ambiental y las energías renovables. En este mosaico de sectores es evidente que no todos presentan el mismo grado de desarrollo y es indiscutible que habrá que potenciar nuevos sectores tractores de una economía española que necesita alejarse de la crisis lo más pronto posible. Sin embargo, puesto que todos los sectores citados se consideran estratégicos, sería contraproducente que el apoyo a unos fuera en detrimento de otros. Cada uno de ellos está llamado a jugar su propio papel en el objetivo común.

Siguiendo esta filosofía -que será la única que nos devolverá a la vía del crecimiento y del bienestar-, el apoyo a cada sector estratégico debe tener muy en cuenta sus dinámicas y especificidades. En este sentido, para que el sector agroalimentario despliegue todo su potencial hay que afrontar de modo prioritario algunas cuestiones abiertas que ahora actúan de lastre. Así, por ejemplo, es imprescindible acometer una mayor simplificación normativa para evitar la proliferación de legislaciones diferentes en los niveles europeo, nacional y regional.

También es necesario establecer un nuevo marco de relaciones entre todos los agentes de la cadena de valor -sector primario, industria y distribución- que proporcione un mayor equilibrio y transparencia en la cadena alimentaria, supervisando y eliminando las prácticas desleales. Hoy en España diez grandes grupos controlan la comercialización del 90% de los productos de más de 30.000 empresas y de un millón de agricultores, produciéndose una clara posición de dominio, no exclusiva de nuestro país, sino que tiene dimensión europea... La unanimidad es general en torno a esta inquietud. Desde que la Comisión Europea lanzó en 2009 su Comunicación sobre la mejora en el funcionamiento de la cadena agroalimentaria se ha profundizado en su análisis y se han identificado los cuellos de botella que impiden su desarrollo. Pero no solo eso. Todas las instituciones comunitarias -los Consejos de Ministros de Competitividad y Agricultura, el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social-, en diferentes declaraciones públicas, han dejado constancia del problema y la necesidad de articular una solución.

La constitución el pasado día 16 de noviembre, en Bruselas, del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, que continuará los trabajos y desarrollará las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel para la Competitividad del Sector Alimentario, supone un paso más muy importante en la búsqueda de la transparencia en un marco de relaciones equilibradas que permita el máximo de juego a la libre competencia en beneficio de todo el conjunto, incluido (especialmente) el consumidor, que también se ve afectado por esta situación en términos de variedad de la oferta, innovación de producto, elección de establecimiento e incluso precio.

En la medida en que se resuelvan estas cuestiones, el sector agroalimentario se convertirá en un referente aún más sólido -si cabe-, y podrá profundizar en aspectos decisivos para el futuro como son la internacionalización de nuestras empresas y el fomento de la actividad I+D+i. Respecto al primero, y sin dejar de prestar atención a nuestro mercado natural, la Unión Europea, hay que fijarse en países en desarrollo como China, India, Taiwan, Brasil, México o Singapur, donde las clases media y alta están cambiando sus patrones de consumo y muestran cada vez más interés por los productos importados. En cuanto a la investigación, no cabe duda de que la ventaja competitiva de España solo puede basarse en una economía del conocimiento que otorgue valor añadido a la producción. Avanzar en este aspecto requiere un esfuerzo adicional por parte de todos los actores, que debe expresarse en un gran pacto entre el poder público y las empresas.

A pesar de que la crisis está castigando duramente a nuestro país, la buena noticia es que contamos con instrumentos y recursos adecuados para salir de ella. Como sucede con las enfermedades complejas, y esta crisis lo es, el tratamiento solo puede basarse en la combinación de distintos elementos. En definitiva, la clave es sumar y no se puede prescindir de ningún remedio: además de las repetidas y deseadas reformas estructurales; estímulo de la confianza de los ciudadanos para reactivar el consumo; apuesta decidida por nuevos modelos donde se tenga en cuenta el mercado global y el conocimiento. Y de manera destacada, el respaldo firme por parte de los poderes públicos a sectores como el de la alimentación y bebidas cuya solvencia, demostrada en momentos difíciles, supone un auténtico aval de confianza para hacer frente a los retos del porvenir inmediato y un elemento tractor seguro en la recuperación económica. -

Jesús Serafín Pérez es presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y de la Confederación Europea de Industrias Agroalimentarias (CIAA).