Ante la excepcionalidad, ¿consenso?

Estrenamos Ejecutivo en Cataluña, y lo hacemos en momentos muy complicados para ejercer la función de gobernar. Lo más fácil es que, haga uno lo que haga, impelido por circunstancias y dinámicas que no controla, acabe decepcionando y viendo erosionada su legitimidad. En este contexto, podemos encuadrar tanto la frase de Artur Mas aludiendo a que no venía en plan "salvador", sino como "servidor", como el acuerdo entre CiU y el PSC que ha permitido la investidura. El líder convergente tenía otras opciones que no eran disparatadas, como era apoyarse en la abstención del PP o de ERC, con contrapartidas específicas. El acuerdo con el PSC, dígase lo que se diga, tiene otra lógica. Señala la interdependencia de los dos grandes partidos en momentos en que deberán tomarse decisiones complejas y cuando se avecinan elecciones locales y generales. No es coyuntural, ya que anticipa y concreta los temas centrales en los que el consenso deberá darse. Y apunta a complicidades no explicitadas con las grandes corporaciones e instituciones económicas del país. Las perspectivas para los socialistas en los próximos procesos electorales no son muy halagüeñas. Y solo una mejora en las relaciones con los partidos nacionalistas en Cataluña, el País Vasco, Galicia y Canarias puede suponer alguna esperanza.

El acuerdo estratégico entre CiU y el PSC recuerda la gran coalición que gobernó en Alemania a principios de este siglo

En el otro lado, el Partido Popular quiere aprovechar la coyuntura para avanzar en la llamada "racionalización" del sistema autonómico, desde lógicas de aparente y estricta viabilidad económica y, por tanto, supuestamente desprovistas de carga política. Véase al respecto el informe de la FAES Por un Estado autonómico racional y viable (www.fundacionfaes.es). En su primer capítulo, el que fuera secretario de Estado para la Administración Pública, Julio Gómez Pomar, afirma que "a diferencia de la organización municipal, que hunde sus raíces en la época de la dominación romana (...), la organización territorial autonómica y su marco competencial son muy recientes y su fundamento responde exclusivamente a un planteamiento político", y concluye diciendo: "Muchos de los problemas que se ponen de manifiesto en nuestro modelo de organización territorial (...) son fruto de una pérdida de poder del Gobierno central para actuar como agente disciplinador del comportamiento financiero de las CC AA y (...) para imponer una coordinación en la implementación de determinadas políticas de gasto". En otro capítulo, el diputado Gabriel Elorriaga, después de elogiar la decisión griega de suprimir todos los municipios de menos de 10.000 habitantes y de sugerir la agrupación de CC AA para ganar en escala, concluye afirmando: "Tenemos que seguir buscando una estructura nacional que ofrezca espacio suficiente a las aspiraciones de singularidad sin quiebra de la unidad, que permita la diferencia al tiempo que proscribe el privilegio". La sentencia del TC y las recientes del Tribunal Supremo apuntan a que esa disciplinarización y coordinación tenderá a reconducir el autogobierno a la gestión de la singularidad.

La acumulación de cambios y la situación de crisis incrementan esa tendencia recentralizadora y conservadora. Lo que no acaba de quedar claro es que la única respuesta posible a esa deriva sea la de acomodarse y tratar de capear el temporal. El acuerdo estratégico entre CiU y el PSC, los dos partidos más alejados en términos de clase, recuerda la gran coalición que gobernó en Alemania a principios de este siglo, que se argumentó asimismo como la única vía posible para afrontar la excepcionalidad de la coyuntura. Las consecuencias han sido muy negativas para los socialdemócratas, que han visto como se difuminaba su perfil, y ha reforzado tanto a los conservadores como a otras fuerzas políticas que apuntan a respuestas realmente alternativas. Frente a la excepcionalidad, la única solución no es el consenso para mantener lo que se pueda, sino que convendría explorar nuevas vías, ser muy consciente de los terribles efectos que todo ello tiene sobre los más vulnerables y evitar que solo predomine la lógica de la seguridad de los más fuertes, deseosos de preservar sus privilegios.

Joan Subirats es director del Instituto de Políticas Públicas de la UAB.