Mollà acusa a Blasco de subvencionar una fundación donde está su esposa

"El fulgor mediático de lo humanitario sirve para todo: para encubrir los intereses de los Gobiernos, para hacerse uno famoso, para encontrar empleo o para ser ministro". Esta frase de La corrupción de la democracia, el libro póstumo de José Vidal Beneyto, el sociólogo valenciano fallecido el pasado mes de marzo, sirvió ayer a la diputada de Compromís Mireia Mollà para plantear con toda crudeza en el último tramo del debate de los Presupuestos de la Generalitat de 2011 la denuncia de corrupción en las subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige el también portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco.

Mollà, cuya información sobre una presunta trama de captación de fondos a través de una red de fundaciones y ONG ha propiciado la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, acusó a Blasco, que mantuvo en los últimos años una estrecha amistad con Vidal Beneyto, de representar precisamente todo aquello que el intelectual denunciaba. La diputada aludió al afán de autopromoción usando fondos de la consejería, a las subvenciones a entidades sin experiencia y al beneficio de los amigos para preguntar a Blasco por qué en los Presupuestos de 2011 otorga 400.000 euros de subvención a la Fundación Amela (Área Mediterráneo-Latinoamericana), que presidió Vidal Beneyto y que nunca se ha dedicado a los proyectos de cooperación sino a los estudios e investigaciones sociales. "¿Es porque tiene mala conciencia o porque su esposa es vicepresidenta de esa fundación?", preguntó Mollà.La esposa de Blasco es Consuelo Ciscar, directora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), y forma parte del patronato de la Fundación Amela junto a la viuda de Vidal Beneyto, Cécile Rougier, y otras personalidades del mundo político e intelectual. Rafael Blasco eludió responder a la parlamentaria de Compromís y fue el diputado del PP Manuel Bustamante el encargado de replicar. Bustamante calificó de "lamentable" la intervención de Mollà y argumentó el rechazo a las enmiendas que había presentado.

Si Mollà culminó su intervención con otra cita de Vidal Beneyto para criticar "el carrerismo de algunos", la diputada socialista Clara Tirado aprovechó el debate de la última sección de los presupuestos para cargar contra la corrupción y contra "la consejería del todo vale y el consejero del todo vale". Tirado, que denunció al fiscal anticorrupción subvenciones con las que una fundación compró dos pisos en Valencia, aunque la consejería asegura que las ayudas se justificaron finalmente con facturas de otro tipo de gastos, criticó que Blasco prevea otorgar ayudas en 2011 "a ONG de la trama actualmente investigada por la Fiscalía Anticorrupción". La diputada del PP Herminia Palomar acusó a los socialistas de "cinismo" por criticar los recortes en cooperación, calificó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de ser "una versión mala de Eduardo Manostijeras" y no escatimó elogios a Blasco, de quien dijo que "dirige magistralmente" la consejería. La diputada de Esquerra Unida Marina Albiol también acusó a Blasco de "clientelismo y corrupción".

Cuando acababa el debate de las enmiendas al presupuesto de Solidaridad y Ciudadanía, ocupó su escaño en el hemiciclo el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que estuvo en la Cámara el tiempo justo para votar el conjunto de los presupuestos. Apenas 20 minutos permaneció Camps en las Cortes, que abandonó cuando empezaban las explicaciones de voto. En ese momento, desde los escaños socialistas empezaron a aplaudirle y hacerle señas de adiós con la mano, lo que fue respondido por los populares con una ovación al jefe del Consell mientras salía del hemiciclo. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, permaneció en el hemiciclo unos minutos más que el jefe del Consell.

Si el del ejercicio de 2010, aprobado hace un año, fue el primer presupuesto de la Generalitat en que la deuda superaba al gasto, el de este año es el primero que retrocede en sus previsiones, en medio de una fuerte crisis económica. Las últimas cuentas de esta legislatura ascienden a 13.714 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,7% y las convierte en las más restrictivas en la historia de la política autonómica valenciana.

Tras la votación de las cuentas, el pleno aprobó la nueva Ley de la Juventud, que la consejera de Bienestar Social, Angélica Such, dijo que viene a "atender los retos y necesidades de los jóvenes", pero ha sido duramente criticada por la oposición, por la mayoría de las organizaciones juveniles y por el Consejo de la Juventud porque propicia el control político de los organismos juveniles. En las inmediaciones del Parlamento, grupos de jóvenes con pancartas hicieron visible su protesta a lo largo de la mañana.