La Cámara aprueba hoy la ley que veta el autobombo institucional

El Parlamento aprobará hoy la ley de Publicidad y Comunicación Institucional, una de las primeras que el Gobierno envió a la Cámara en essta legislatura y que, pese a su brevedad -apenas 12 artículos-, ha tardado ocho meses en realizar su recorrido parlamentario. La ley, que regulará por primera vez acciones que en Euskadi carecían de normativa propia, entrará en vigor en cuanto se publique y, por tanto, regirá de cara a las elecciones del próximo mayo.

Las instituciones forales, pese a su intento en contra, y los Ayuntamientos tendrán que tener en cuenta los nuevos mandatos, uno de cuyos principales puntales es el veto a las campañas de autobombo que, bajo la apariencia de información institucional de servicio al ciudadano, han campado a sus anchas en Euskadi hasta ahora.

Las campañas de las instituciones no podrán 'vender' su gestión

Muchas de las campañas de comunicación o publicidad que han realizado en el pasado las instituciones vascas, incluida la del anterior Ejecutivo para promocionar el plan Ibarretxe desde 2003, habrían sido irrealizables o impugnables con la nueva norma. La ley prohíbe taxativamente que se dediquen recursos públicos a la venta por los políticos de los logros, reales o supuestos, de su gestión.

El proyecto señala como primera obligación que las campañas institucionales de publicidad deben responder "al principio de facilitar a la ciudadanía una información veraz y objetiva orientada a la difusión general de mensajes que den a conocer los servicios y la actividad de las instituciones".

Las tres Diputaciones pidieron al Ejecutivo durante el período de alegaciones, en una actuación coordinada y apelando al mismo precepto legal, que las excluyese de las Administraciones sometidas a esta nueva regulación, por considerar que el Gabinete carecía de potestad para someterlas a su norma.

El Gobierno desestimó la pretensión de los Ejecutivos forales, gobernados por el PNV. "No comprendemos por qué se oponen a una regulación básica que sólo aspira a la transparencia", apuntó en su día la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia.

Las Diputaciones anunciaron su intención de recurrir ante la Comisión Arbitral, el órgano que dirime de modo extrajudicial conflictos entre administraciones en Euskadi. Así lo advirtió en abril pasado, por ejemplo, el teniente de diputado general de Álava, Claudio Rodríguez, quien reiteró la oposición al proyecto de ley, al considerar que la regulación de las campañas de publicidad y comunicación forales entraban dentro de las competencias de organización propia de los territorios. Sin embargo, finalmente renunciaron a tal acción. Posiblemente pesó algo en el desistimiento foral que el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora fuese unánime al negar la invasión de competencias invocada.

El PNV mantiene para el debate de hoy una enmienda que intenta aún que las Diputaciones sean solo citadas en una disposición adicional, y comparte otra con Aralar para que se dé preeminencia al euskera, pero ni el Gobierno ni el Grupo Socialista esperan hoy el voto en contra del primer grupo de la oposición.