Un alto cargo de Sanidad intentó que Bengoa convalidase la adquisición
Fernando Toña llegó al departamento tras ocupar un puesto con Zenarruzabeitia
El anterior Departamento de Sanidad, con Gabriel Inclán a su frente, compró el 30 de abril de 2009, nueve días antes de dejar el puesto, 60 millones de mascarillas para combatir la gripe A en Euskadi, pero un alto cargo del nuevo equipo intentó que el actual consejero, Rafael Bengoa, convalidara la compra. Fernando Toña, director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales de Sanidad hasta mayo pasado, intentó en esas fechas que Bengoa firmase un documento dando su visto bueno a la compra realizada por la anterior consejería.
Toña era uno de los altos cargos procedentes del Gobierno de Ibarretxe que Bengoa quiso mantener en el departamento. Ligado al PNV, fue director de Función Pública durante la anterior legislatura en la consejería de Idoia Zenarruzabeitia. Dimitió de su cargo de director de Régimen Jurídico en Sanidad forzado por Bengoa. Responsables del departamento se percataron por casualidad de que había intentado que el consejero firmase un documento, entre los muchos que suscribe, dando su aprobación a la compra.
El contrato tenía que haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno
El PNV arremete contra "la política de difamación" de la consejería
Este fue el hecho decisivo que motivó su cese, según las fuentes informantes, pero no el único. Toña también realizó otros movimientos que hicieron crecer la desconfianza en él de los responsables de Sanidad, ya que incluyó en la plantilla del departamento a Alfonso Arriola, uno de los imputados en el caso De Miguel, sin notificarlo a sus superiores. Toña sigue trabajando hoy en Sanidad, donde tiene plaza de funcionario.
En el momento en que este alto cargo intentó que el consejero diese su visto bueno a la compra de los millones de masdcarillas, los responsables del departamento ya conocían las dimensiones del contrato. De hecho, Bengoa las incluyó entre las medidas del plan de actuación contra la gripe A que presentó públicamente en agosto de 2009. A lo largo del año pasado llegaron a Euskadi en torno a 50 camiones con los 60 millones de mascarillas -cantidad similar a la que Osakidetza consume en 30 o 40 años, y que costaron 2,55 millones de euros- y 25 millones de pares de guantes de látex.
Sanidad reiteró ayer que, durante sus primeros meses de mandato, el nuevo equipo desconocía, tras mantener varias reuniones con sus antecesores, los pormenores de este contrato. De su lado, la parlamentaria del PNV Nerea Antia criticaba al Ejecutivo por su "política de difamación" contra el anterior. Antia interpretó que esta información sirve a Sanidad para "tapar la nefasta gestión" que realiza.
La compra se realizó por el procedimiento de emergencia, una fórmula destinada a situaciones excepcionales que permite evitar la evaluación de los contratos por organismos como la Oficina de Control Económico, con la idea de darles la máxima celeridad. El procedimiento de urgencia permite la licitación y fue el más empleado en otras comunidades. Las compras se produjeron cuando se registraban los primeros contagios por gripe A en España y ante el temor generalizado de los gestores sanitarios por un posible desabastecimiento de productos como las mascarillas.
Sin embargo, la adquisición sí debía pasar por el Consejo de Gobierno, ya que costó 4,1 millones de euros, entre guantes y mascarillas, a las arcas públicas. Sin embargo, no lo hizo. El contrato se adjudicó a la empresa Dispotex, la única que garantizaba la inmediatez del suministro. Se invitó a participar a tres firmas y solo dos presentaron ofertas. Aunque el mismo día en que se dio la orden de compra llegaron 30.000 mascarillas, Euskadi siguió recibiendo el pedido hasta diciembre pasado. La entonces directora de Régimen Jurídico Begoña Otalora, a quien Toña sustituyó tras el cambio de Gobierno, impulsó la compra; la directora de Salud Pública, Margarita Viciola, firmó la resolución y el consejero Inclán suscribió la orden.
Una compra "desmedida"
La portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, aseguró ayer que la gestión realizada por el departamento de Gabriel Inclán días antes de la toma de posesión del actual Ejecutivo para adquirir los 60 millones de mascarillas y 25 millones de pares de guantes fue "una compra desmedida" e hizo hincapié en la manera "excepcional" de realizar la contratación, a través de un procedimiento de emergencia que solo se emplea en situaciones como una catástrofe.
Mendia criticó esta adquisición de materiales porque le está suponiendo al Ejecutivo tener que pagar el alquiler de los lugares donde se almacenan, por lo que paga unos 9.000 euros mensuales, y porque la operación se realizó "en un momento importante, porque sabían que llegaba otro Gobierno".
La responsable en materia sanitaria del PP, Laura Garrido, también mostró su sorpresa por la magnitud de la compra, que estimó "desmesurada para su objetivo", hacer frente a la gripe A. Anunció que su partido pedirá explicaciones sobre la adquisición y recordó que es necesario comprobar si la compra estaba justificada y si se había realizado una previsión de la demanda.
Tanto el PP como el PSE pedirán que el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, dé explicaciones en el Parlamento. La socialista Blanca Roncal calificó la compra también como "absolutamente desmesurada".
EL PAÍS trató de contactar a lo largo del día de ayer sin éxito con el ex consejero de Sanidad Gabriel Inclán, quien ahora trabaja en el Hospital de Cruces como facultativo de Medicina Interna.
La sombra de una carencia
Todas las comunidades autónomas se lanzaron a mediados de 2009 a comprar material sanitario para hacer frente a la gripe A. Eso sí, algunas, con más acierto que otras. En esta particular carrera, Euskadi compró 28 mascarillas por habitante, 60 millones en total, hoy almacenadas en el polígono de Arasur, en Rivabellosa. Navarra adquirió 800.000 mascarillas, una por cabeza, Andalucía compró 32 millones, tres por habitante. La más cercana al País Vasco fue Galicia, con 10 mascarillas por cada ciudadano.
Solo Euskadi usó el procedimiento de emergencia para comprarlas en un momento en que todas las comunidades buscaban materiales para hacer frente a una pandemia que al final no resultó tan virulenta, pero que extendió el miedo al desabastecimiento.
Fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) reconocían ayer a este periódico que su compra también resultó "más grande" de lo que les hubiera gustado, aunque sus cifras son sustancialmente inferiores. Aún no las ha utilizado todas, pero la Sanidad andaluza no se plantea una subasta pública, como la que va a poner en marcha Osakidetza para tratar de vender 47 millones de las que tiene almacenadas. El contrato andaluz supuso 1,2 millones de euros, aunque el SAS se cubrió las espaldas con una licitación máxima de 15,6 millones con la que se reservó un número mayor de piezas de las que finalmente compró.
En la Comunidad Valenciana se compraron 5,1 millones de mascarillas, que junto con otros productos supusieron seis millones, frente a los 4,1 vascos.
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