La espera y las esperanzas

La expectativa de la difusión durante el periodo navideño de un comunicado de ETA que anunciara supuestamente un alto el fuego "unilateral, verificable, permanente y con voluntad de ser definitivo" fue cobrando fuerza en las últimas semanas a medida que la izquierda abertzale multiplicaba en el País Vasco sus declaraciones de renuncia a la violencia y su propósito de presentarse a las elecciones municipales y forales de la próxima primavera. Los tres lados del triángulo están perfectamente ensamblados: disuelta en marzo de 2003 por una sentencia del Supremo que consideraba probada su pertenencia al entramado de ETA, Batasuna solo podría concurrir a los comicios si los tribunales resolvieran que su ruptura con la violencia terrorista le acreditaba para regresar a la legalidad. Las próximas semanas permitirán comprobar el grado de correspondencia entre las esperanzas albergadas por la izquierda abertzale durante el plazo de espera y los eventuales pronunciamientos de la organización terrorista.

La izquierda 'abertzale' aguarda un comunicado de ETA que pudiera facilitar su legalización

Los pronósticos sobre la inminencia del comunicado se hallan cargados de connotaciones imperativas. ETA está siendo emplazada desde la izquierda abertzale a cumplir el requerimiento de una nueva tregua, esta vez controlable desde fuera y abierta a la desaparición voluntaria de la propia organización terrorista. La llamada Declaración de Bruselas, presentada en marzo de 2010 ante el Parlamento Europeo bajo el patrocinio de varios premios Nobel de la Paz y mediadores internacionales pidió a ETA "un alto el fuego unilateral, verificable y permanente" y al Gobierno su eventual respuesta a ese compromiso; el promotor del documento, Brian Currin, ofreció sus servicios retribuidos para la solución del conflicto.

El 15 de septiembre, ETA agradeció a los firmantes de la Declaración de Bruselas su iniciativa, no sin aclarar al tiempo con florido lenguaje metafórico naval que "ante la cerrazón de Francia y España" ya había hecho "zarpar de nuevo el barco de la oportunidad para la resolución democrática del conflicto": su decisión de suspender los atentados fue adoptada en silencio meses antes "sin echar el ancla con disposición de navegar en aguas más profundas". Nada hay, por lo demás, en ese comunicado, basado sobre la tosca leyenda épica de Euskal Herria como un pueblo sin Estado dominado y perseguido durante siglos por España y Francia, capaz de mover a la esperanza de su disolución voluntaria.

El "acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas" firmado el 25 de septiembre en Gernika por Eusko Alkartasuna, Aralar, los albaceas de Batasuna y hasta una treintena de organizaciones políticas, sindicales y sociales también encabeza su listado de exigencias y deseos con la petición a ETA de un alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional "como expresión de voluntad para un definitivo abandono de la lucha armada". A lo largo de todo el otoño, tanto el anuncio de la tregua navideña de ETA como las apuestas favorables a la satisfacción de la petición de la izquierda abertzale han sido repetidas hasta el aburrimiento. En sus declaraciones a Radio Euskadi, Rufi Etxeberria, portavoz en libertad de la ilegalizada Batasuna, reiteró que seguirán demandando a ETA la suspensión de todas las expresiones de violencia, incluidas la kale borroka y la extorsión a los empresarios, aunque el anuncio de la tregua navideña no se produjese.

Esa voluntarista actitud sobre el eventual comunicado de ETA es una simple secuela de las tentativas de los dirigentes de Batasuna para concurrir dentro de cinco meses a los comicios municipales y forales. Las esperanzas puestas en que el Tribunal Europeos de Derechos Humanos pudiera manifestarse en contra de la Ley de Partidos de 2002 y de la sentencia del Supremo de 2003 ilegalizadora de Batasuna quedaron frustradas por los jueces europeos. Pero el mensaje enviado durante los últimos meses por el Gobierno y por los dos partidos de ámbito estatal con más del 90% de los escaños en las Cortes Generales también ofrece malos augurios para las nuevas esperanzas de Batasuna.

A menos que ETA anunciara su disolución de manera objetivamente comprobable o que alternativamente la izquierda abertzale rompiese públicamente con ETA de forma igualmente fehaciente, la condena por unos nuevos estatutos de Batasuna de cualquier tipo de violencia (equiparando el ejercicio gansteril de la violencia criminal de la banda terrorista con la aplicación legal del monopolio legítimo de la violencia en manos del Estado de derecho) carecería de la convicción y de la verosimilitud suficientes.