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El Gobierno crea un servicio de atención de emergencias ambientales

Desde octubre ha gestionado 26 incidentes, la mayoría por emisiones al aire

El Gobierno vasco dispone desde octubre de un servicio de emergencias para incidentes medioambientales que funciona, por vez primera, las 24 horas. En estos casi tres meses ha gestionado un total de 23 avisos, casi todos ellos relacionados con la contaminación del aire, según los datos aportados por la consejería de Medio Ambiente.

La falta de este control continuo ha sido una deficiencia censurada con unanimidad: desde vecinos y ecologistas, que se quejaban que sus denuncias no servían para nada, hasta los fiscales y jueces, quienes se encontraban, al no realizarse una intervención inmediata, con la falta de pruebas para tramitar posibles denuncias y abrir diligencias penales. La administración solo actuaba hasta ahora dentro de su horario habitual de trabajo, con lo que una gran cantidad de sucesos con daños al medioambiente no se podían verificar hasta la jornada siguiente.

El 90% del archivo de denuncias sobre medio ambiente es por falta de pruebas

Para ello, la Dirección de Calidad Ambiental ha realizado un contrato externo con las empresas Cespa Conten y Ecotat, que aportan tres equipos de intervención inmediata, cada uno de ellos formados por un técnico cualificado y dos operarios especialistas.

La consejería pretende atender los avisos a cualquier hora y también otras actuaciones, como la retirada de residuos generados por los incidentes. Entre las actuaciones realizadas en este trimestre, destacan dos casos de vertidos. El primero ocurrió el 14 de noviembre en Ordizia, con el derrame de una parte de la carga de un camión, que transportaba metal de cromo. Los equipos de emergencia recogieron el material de a carretera y lo llevaron a las instalaciones de las dos empresas para su gestión. El segundo tuvo lugar el 23 de noviembre en Bilbao, al derramarse gasoil en una operación de llenado de un depósito, que afectó a una carretera, la red de colectores y un terreno situado en la zona.

En este caso, se tuvieron que limpiar las zonas afectadas, y hubo que gestionar 3.700 litros de gasoil puro, otros 24.000 litros de agua con gasoil y 250 kilos de absorbentes.

Las dos empresas especializadas, que se han unido en una UTE para esta tarea, disponen de centros de recogida y transferencia de residuos, equipos de muestreos, protección y seguimientos y otros dispositivos de descontaminación y limpieza.

Desde el 1 de octubre tanto el servicio especial como el habitual de Medio Ambiente han gestionado 61 avisos, de ellos 31 casos relacionados con la contaminación del aire, 22 con el agua y cinco por residuos. En el servicio atendido por el nuevo equipo de emergencias, de los 23 incidentes, 17 se relacionan con afecciones a la atmósfera, dos al agua y tres por residuos.

Los ecologistas han denunciado en los últimos años la falta de medios para perseguir las agresiones ambientales, que requieren "una evidencia física muy clara o una actuación rápida". Aunque la situación ha mejorado, a principios de esta década el 90% de las denuncias medioambientales se archivaban por falta de pruebas, con una media de tres escritos de acusación al año. En 2008, según los últimos datos del Tribunal Superior, se abrieron 27 procedimientos judiciales sobre delitos contra el medioambiente. Por ello, los conservacionistas han insistido en la creación de una policía especializada en delitos ecológicos.

La Fiscalía llevaba también dos años pidiendo este servicio y, a finales del pasado verano, el Departamento de Interior ha resuelto crear una unidad para delitos urbanísticos y ambientales integrada por seis ertzainas, que está en fase de formación. La nueva unidad estará integrada en la Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de diciembre de 2010