El Congreso pide mejorar la pensión de las viudas sin ingresos y bajar otras

La congelación de las pensiones y la rebaja de sueldo a los funcionarios han abierto la veda de las decisiones impopulares en la política española. Y, pese a todo, aún hay terrenos que los gobernantes pisan con pies de plomo. Uno de ellos son las pensiones de viudedad, que apenas se han adaptado a los nuevos tiempos. El Congreso pide al Gobierno una "reformulación integral" que por primera vez incluye propuestas concretas. Se trata de mejorar las prestaciones de viudedad (en su mayoría son mujeres) mayores de 65 años y sin rentas a cambio de revisar las de otras beneficiarias.

El borrador de resolución del Pacto de Toledo, al que ha tenido acceso este diario, refleja la cautela con que los parlamentarios abordan el futuro de esa prestación. El documento, pactado esta semana en la comisión que elabora el germen de la reforma de pensiones, aboga por "mejorar las actuales pensiones de viudedad (en particular de personas mayores de 65 años en riesgo de pobreza) y las de orfandad". Pero en un momento en que los recursos públicos escasean, los parlamentarios son conscientes de que toda mejora va en detrimento de algo. Eufemísticamente, el texto pactado propone como solución "adecuar la protección de colectivos menos vulnerables", es decir, rebajar la prestación cuando el cónyuge superviviente disponga de otros ingresos.

Es la primera idea concreta que estudia el Parlamento para la viudedad

Los diputados piden otros índices ajenos al IPC para calcular las subidas

Nada más añade el Pacto de Toledo. Con esas indicaciones, espera que el Gobierno se atreva a modificar una prestación que absorbe alrededor del 20% del gasto mensual, con 2,3 millones de beneficiarios. La mejora de las situaciones más vulnerables, impulsada por CiU, fue respaldada por todos los grupos y contempla que las personas con más de 65 años cuya principal fuente de ingresos sea la pensión dispongan de "una situación de renta equiparable a la existente antes del fallecimiento del cónyuge o conviviente".

El mecanismo propuesto es la subida de la base reguladora. La pensión de viudedad equivale al 52% de la base del fallecido (70% si hay hijos a cargo o si los ingresos del beneficiario son muy bajos). Ese cálculo genera pensiones muy modestas, 573 euros de media. La anomalía de España frente al resto de Europa radica en el carácter casi incondicional de esa renta, compatible con salarios y cualquier otro tipo de ingresos. Al menos tan sensible como la viudedad resultará otra de las propuestas del Pacto de Toledo. También con buenas dosis de rodeo y eufemismo, la comisión propone eliminar el carácter automático de la revalorización anual de pensiones cuando la subida aplicada supere la inflación real. Este caso se produjo en 2009, cuando las prestaciones subieron un 2% de partida, como ocurre habitualmente, y la inflación quedó en el 0,3%. Los pensionistas experimentaron una importante ganancia de poder adquisitivo en un momento muy adverso para la economía española, lo que llevó al Banco de España a sugerir que se revocaran esas subidas, con la consiguiente polémica.

Mucho más suavemente, el Congreso plantea ahora "un tratamiento específico" para cada subida de las pensiones que supere el IPC real, "ya sea como mejora que, total o parcialmente, se consolida y absorbe permanentemente por el sistema, ya sea como mejora cuyo exceso no se consolida". Es decir, abre la puerta a que el Gobierno decida que esa mejora de la pensión por encima de los precios se mantenga en el año en curso pero no se consolide al siguiente. También propone utilizar otros índices de revalorización, diferentes al actual IPC de noviembre, entre los que cita la evolución de los salarios, la de la economía o las cotizaciones a la Seguridad Social.

La viudedad constituye el último elemento de los acordados (en algunos casos unánimemente, en otros por mayoría) esta semana en el Congreso de los Diputados. Los integrantes del Pacto de Toledo han abordado de forma maratoniana los principales elementos del sistema, sin avalar la intención del Ejecutivo de elevar a 67 años la edad legal de jubilación. A cambio, sí que han pactado -sin IU, ERC ni BNG- aumentar el periodo cotizado que se tiene en cuenta para calcular la pensión, ahora los 15 últimos años.