La Junta busca el apoyo de PP e IU para mantener las ayudas agrarias

La Junta busca el consenso de los grupos políticos para crear un frente común que defienda las ayudas agrarias dentro de la nueva Política Agraria Común (PAC) que ha empezado a negociarse y que entrará en vigor a partir de 2013. La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, se reunió ayer en el Parlamento con representantes de los grupos parlamentarios y todos ellos coincidieron en la necesidad de que la comunidad no pierda ni un euro de su actual ficha financiera, de 1.600 millones euros anuales.

Aguilera no ha ocultado su preocupación ante la dificultad de mantener el nivel actual de ayudas, toda vez que la nueva PAC hará el reparto de los fondos sobre 27 países, y no 15 como hasta ahora. La Junta defiende el mantenimiento de las ayudas directas, y Bruselas ya ha anticipado la posibilidad de acabar con los derechos históricos.

La portavoz adjunta del grupo popular, Carmen Crespo, pidió un debate general en el Parlamento para abordar la posición unitaria de Andalucía, aunque se mostró crítica con la gestión de las autoridades españolas. Según dijo, el Gobierno "va tarde" en la elaboración de informes, ya que "las líneas generales de la PAC se conocían desde la presidencia española de la UE". El diputado por IU Juan Manuel Sánchez Gordillo reclamó mecanismos públicos de intervención en el mercado. Por su parte, el portavoz del grupo socialista en la comisión de Agricultura, Felipe Sicilia, valoró lo relevante que es contar con un posicionamiento global ante la nueva PAC "por lo mucho que se juega Andalucía", informa Europa Press.

Temores de Asaja

Mientras tanto, Asaja urge a elevar a Bruselas una propuesta nacional en la que se recojan claramente los criterios de diferenciación en función del potencial productivo de cada comarca agraria. Asaja advierte de que si no se contemplan estos criterios de diferenciación, los olivareros andaluces perderán entre el 75 y el 80% de las ayudas que ahora reciben, es decir, más de 600 millones de euros.

La patronal agraria esgrime que para defender esta propuesta se tenga en cuenta el plan de regionalización productiva de cultivos, en vigor desde 1992, así como el sistema de zonas homogéneas para el olivar y otros criterios como el del empleo generado.