Gobierno y Junta zanjan los conflictos en vivienda y litoral

La primera visita a Andalucía de Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente del Gobierno no solo ha sido una foto, aunque también. Gobiernos central y andaluz llevaban dos semanas trabajando para cerrar antes de fin de año tres conflictos abiertos entre las dos Administraciones que si bien no han derivado en enfrentamiento político, sí han generado tensiones. Rubalcaba y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunciaron ayer acuerdos sobre las ayudas estatales a la vivienda, la gestión sobre la ordenación del litoral (chiringuitos) y el deslinde de Doñana.

Ambos revistieron de normalidad el encuentro, aunque en esta legislatura los miembros del Gobierno central se han prodigado más bien poco en rentabilizar políticamente sus actuaciones. Está claro ahora que Rubalcaba -que ha iniciado en Andalucía su particular gira como número dos del Ejecutivo- es para el Gobierno andaluz el interlocutor principal respecto a los asuntos que afectan a Andalucía. Los tres asuntos desbloqueados afectaban a tres ministerios (Fomento, Política Territorial y Medio Ambiente), pero ha sido Rubalcaba el que los ha capitalizado. El también ministro del Interior negó que su visita tuviera relación alguna con la mala salud electoral que presenta el PSOE andaluz, según indican los sondeos. "No me preocupa el PSOE andaluz, es un partido serio y sabe gobernar", dijo.

Las actuaciones en materia de vivienda supondrán 311 millones

"No me preocupa el PSOE andaluz, es un partido que sabe gobernar"

Solo el acuerdo sobre vivienda tiene cuantificación económica. La secretaría de Estado de Vivienda y la Consejería de Obras Públicas firmarán el próximo 23 de diciembre un convenio por 311 millones de euros para hacer 24.000 actuaciones en viviendas de protección oficial (VPO), ayudas a inquilinos y rehabilitación, en el que el acento se pondrá en las políticas de fomento del alquiler.

Este convenio viene a paliar el decreto estatal que pone fin a partir del próximo 1 de enero a las ayudas a la compra de viviendas protegidas. Y probablemente será el último de estas características que se firme. Los 311 millones de euros, una cantidad superior a lo inicialmente hablado entre el ministerio y la consejería, se computarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2010.

Desde Andalucía se estaba pidiendo fórmulas transitorias que paliasen la interrupción de sopetón de los apoyos estatales, toda vez que uno de los principales compromisos electorales de los socialistas era la construcción de 135.000 VPO hasta 2012. La caída brutal del ladrillo, de la falta de crédito y el desempleo ha dejado estas promesas en papel mojado. El convenio va a permitir triplicar las ayudas previstas al alquiler de viviendas que podrán beneficiar a 6.077 personas en lugar de las 2.077 actuales. Esta actuación se traduce presupuestariamente en 20 millones de euros.

Otro de los asuntos políticamente cerrados afecta al traspaso de las competencias sobre ordenación y gestión del litoral, aunque ni Griñán ni Rubalcaba ofrecieron datos económicos de esta transferencia. "Hemos tomado la decisión de cerrar este asunto y está cerrado", enfatizó Rubalcaba en una conferencia de prensa conjunta con el presidente andaluz. Aún queda por detallar el acuerdo sobre determinados bienes y servicios, en concreto con la titularidad de un edificio del Ministerio de Economía y Hacienda. Aunque políticamente el asunto está "resuelto y bien resuelto", en palabras de Griñán, no hay fecha prevista para la firma del traspaso que en cualquier caso entrará en vigor con fecha del próximo 1 de enero.

El acuerdo sobre los chiringuitos implica también la solución para el conflicto sobre el deslinde de Doñana, como avanzó el 20 de noviembre la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar. El Gobierno central decidió unilateralmente ampliar la zona de protección no sólo de la primera línea litoral de Doñana, sino también cinco kilómetros hacia el interior para proteger el cordón dunar, donde priman las competencias autonómicas. Con el traspaso del dominio público marítimo y terrestre, la gestión de la zona queda en manos de la Junta. Esta solución va a enterrar el conato de conflicto competencial planteado por el Gobierno autónomo. "Sería como recurrir contra nosotros mismos", opinó Griñán.

Las inundaciones recientes también ocuparon la agenda de Rubalcaba y de Griñán. Junto con el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, mantuvieron una reunión con alcaldes de 18 municipios afectados por las lluvias. Se acordó crear una mesa de trabajo para actualizar la información sobre las zonas inundables del río Guadalquivir.