Hacia el punto final

Lo dijo el portavoz de Coalición Canaria, José Luis Perestelo: "La actuación del Gobierno [con los controladores, este fin de semana] marca un punto final". Y José Luis Rodríguez Zapatero lo ratificó ayer en el Congreso al expresar su determinación de acabar con un chantaje a la sociedad que, intermitentemente y sin previo aviso, reaparece desde hace décadas en fechas claves para el tráfico aéreo. Prueba de ello es que Zapatero ha decidido mantener el estado de alarma y, con él, la militarización de los controladores, que fue el arma eficaz que utilizó para apagar la huelga salvaje. Y solo lo levantará el 21 de diciembre si tiene garantías absolutas de que no habrá conflicto.

Sabe que su decisión cuenta, en este momento, con un respaldo masivo por la indignación que provocaron los controladores al plantar en los aeropuertos a centenares de miles de viajeros en el puente de la Constitución. Su posición cuenta, además, con el aval de una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado mayo que afirma que la Administración no puede tolerar la situación privilegiada de los controladores.

La estrategia de Zapatero pasaba ayer por lograr la unidad de los partidos para reforzar el acoso sobre los chantajistas hacia el punto final. Lo logró con los representantes de CiU, PNV y CC. Pero Rajoy, que apoyó a Zapatero en la declaración del estado de alarma, no escapó a la tentación de utilizar también esta crisis para atacar al Gobierno cuando todos los Ejecutivos tienen algo que reprocharse en su cesión de privilegios a los controladores, sobre todo los del PP.

Fue un error abrir ese debate porque da pábulo a los chantajistas que utilizan las divisiones partidistas para justificar lo injustificable. Zapatero estuvo bien al señalar que el desafío de los controladores no es propio de un conflicto laboral, como mantuvo Rajoy, sino a la democracia. Y cuando se pone en jaque a la democracia, lo que corresponde es responder unitariamente.