Colapso de la Sala de lo Contencioso

"Mala fe". Eso fue lo que en 2002 llegó a recoger un fallo de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo sobre las prácticas del Consell con las liquidaciones de varios impuestos, sobre todo el de transmisiones. Entonces ya eran centenares los recursos que los particulares habían presentado. Eso no ha modificado la actuación de la administración autonómica. Ha mantenido durante una década una actuación judicialmente reconocida como no ajustada a Derecho.

Y una de las primeras consecuencias es que ha contribuido notablemente al colapso de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. El TSJ llegó incluso hace varios años, en una reunión de trabajo, a verbalizar su disconformidad con el comportamiento de la consejería que dirige Gerardo Camps y a pedirle que desistiera de continuar practicándolo porque la respuesta sería la misma. Pero, además, porque los magistrados asumían una carga importante de trabajo por asuntos que no merecían ninguna discusión jurídica. Ni aún así.

La falta de jurisprudencia en el Tribunal Supremo es el factor que, de momento, frena a varios de los magistrados que abordan diariamente estas cuestiones de ir más allá y denunciar a la administración autonómica por prevaricación, porque conoce perfectamente cada vez que modifica al alza el impuesto de transmisiones que está actuando sin cobertura legal alguna. Sabe, además, que va a ser condenada en costas (una práctica que inicialmente no compartían todas las salas pero que progresivamente han ido adoptando desde hace años salvo contadas excepciones). Conoce las argumentaciones por las que está fuera de la legalidad y no cumple con ninguna de las exigencias reiteradamente manifestadas por un tribunal en sus fallos.

¿Cómo resolverlo? Algunos de los abogados consultados aseguran que "bastaría con que la administración argumentara el porqué de sus baremaciones para parar las reclamaciones". Es decir, sería suficiente que sustentara en conceptos objetivos el incremento que aplica a los impuestos.

Entre tanto, los letrados que se dedican a la materia son los principales beneficiados (y eso que es una minoría la que se decide a reclamar). "Para nosotros es un chollo porque sabemos que las ganamos todas pero para la Hacienda autonómica es una auténtica sangría". Así lo explica un abogado que ha presentado, y ganado, numerosas reclamaciones de este tipo.