El coste de la supervivencia del euro

Nadie sabe con certeza cuál será el desenlace final, pero lo que sí sabemos es que la moneda única está ante el primer gran examen desde su nacimiento, y de cómo salga de él dependerá el futuro político y económico del continente. Los libros de historia tendrán un capítulo para los acontecimientos que, en 2010, pusieron en jaque el proyecto de construcción europea.

Hasta hace bien poco, el enorme capital político invertido en la construcción del euro por las élites europeas era considerado la mayor garantía de la irreversibilidad de la unión monetaria. Todos éramos conscientes de que la moneda única llevaba asociados ciertos riesgos, al imponer una única política monetaria a un grupo de países insuficientemente integrados económica e institucionalmente. Pero como el coste económico y político de abandonar el euro una vez creado sería tan grande, los políticos estarían dispuestos a hacer lo que fuera por mantenerlo vivo. El economista Barry Eichengreen popularizó en círculos académicos una variante de este argumento: como el mero anuncio de la reintroducción de una moneda nacional provocaría "la madre de todos los pánicos bancarios", ningún país tan siquiera consideraría la posibilidad de abandonar el euro, cualesquiera que sean los costes de mantenerse en él.

España e Irlanda han sido fiscalmente más disciplinados que Francia y Alemania

La política restrictiva no es la que necesita para salir de la crisis un país como el nuestro

La palabra clave es "cualesquiera". ¿Y si mantenerse en el euro obliga a los países a realizar ajustes fiscales draconianos como los que estamos viendo en Grecia o Irlanda? ¿Y si los inversores, ante el cada vez más posible caso de que algún país declare el impago parcial de la deuda, exigen cada vez tipos de interés más altos para prestar a estos países, lo que hace que los sucesivos programas de ajuste sean sucesivamente más y más duros? ¿Y si el temor a que en el futuro algún país abandone la unión monetaria por no poder pagar los costes políticos asociados a estos ajustes hace que los depósitos bancarios de ese país se vayan vaciando, lo cual a su vez reduciría el coste para los Gobiernos de reintroducir las monedas nacionales? El mismo Eichengreen ha dejado de creer a pie juntillas en la invulnerabilidad del euro.

No sabemos hasta dónde están dispuestas a aguantar las autoridades griegas o irlandesas, o en el futuro las portuguesas, españolas o italianas, y sus respectivas opiniones públicas. En las anteriores crisis cambiarias europeas, como la de los noventa, la pregunta era hasta dónde iban a ser capaces los Gobiernos de sostener las subidas de tipos de interés que requería la estabilidad de los tipos de cambio, con las consecuencias contractivas para la economía que ello tenía. El banco central sueco llegó en otoño de 1992 a subir los tipos de interés a corto plazo al 500%. Pero los inversores sabían que los Gobiernos tendrían algún límite en su capacidad de infligir sufrimiento a su propia economía y, llegados a ese límite, acabarían cediendo y devaluarían su moneda, con independencia de las veces que hubiesen repetido antes que nunca cederían a las presiones de los mercados. Ahora que los tipos de interés no están bajo el control de los Gobiernos, la pregunta es hasta dónde pueden endurecer los Gobiernos la política fiscal, con efectos contractivos sobre la economía similares a las subidas de tipos. Es verdad que declarar el impago de la deuda o abandonar el euro ahora es más difícil que devaluar la moneda en los noventa, pero también es cierto que los ajustes fiscales actuales -que implican reducciones de gasto y aumentos de impuestos- son políticamente más costosos para los Gobiernos que las subidas de tipos de interés del pasado.

Un problema añadido es que estas políticas fiscales cada vez más restrictivas no tienen nada que ver con las reformas estructurales que estos países necesitan para salir de la crisis, a pesar de la retórica con la que normalmente se acompaña la introducción de cada nuevo plan de ajuste. Se ha repetido hasta la saciedad, pero aún muchos siguen sin entenderlo o sin quererlo entender: la crisis fiscal de los Estados no es la causa del derrumbe financiero, sino su consecuencia. Irlanda y España han sido países fiscalmente disciplinados (no así Grecia). En la historia de la unión monetaria, han infringido las directrices del pacto de estabilidad mucho menos que Alemania o Francia. Solo cuando la crisis financiera ha llevado a Irlanda a garantizar el pasivo de los bancos, y a España a reducir ingresos e incrementar gasto, es cuando han crecido los déficits y los mercados han empezado a dudar de la sostenibilidad de las cuentas públicas de estos países.

A la incertidumbre sobre la capacidad de sacrificio de los países de la periferia se une la poca colaboración de los países centrales de la eurozona. Cuando se señaló que una forma obvia de corregir los desequilibrios comerciales dentro de la UE (Alemania tiene enormes superávits comerciales generados en parte por el espectacular aumento de la demanda en la periferia) y de estimular la salida de la crisis de los países con problemas era el incremento de la demanda interna alemana, el Gobierno alemán se negó por motivos puramente domésticos.

Puede sonar demagógico, pero en los años en los que Alemania apenas crecía, el Banco Central Europeo le garantizó una política de tipos de interés extremadamente bajos -política que, por otra parte, contribuyó a alimentar las burbujas en los países que estaban siendo fiscalmente disciplinados-. Pero cuando el resto de Europa necesitó de una política fiscal más expansiva en aquellos países que como Alemania se la podían permitir, esta fue bloqueada por una poderosa coalición formada por el Gobierno alemán, su banco central, su tribunal constitucional, y una opinión pública cada vez más beligerante contra los supuestamente manirrotos europeos del Mediterráneo. El último golpe ha sido la propuesta de Merkel y Sarkozy de legitimar las quitas en las emisiones de deuda. Como ha escrito en estas páginas De Grauwe, esto no ha hecho sino alentar los ataques especulativos contra los bonos de los países en dificultades.

Se pueden hacer dos interpretaciones del comportamiento de Alemania. La primera admite que Alemania no está dispuesta a dejar fracasar el euro. Si la política hoy dominante -que la carga del ajuste caiga en los países periféricos- acaba siendo inviable, a Alemania no le quedará más remedio que volverse europeísta y arrimar el hombro. Pero solo lo hará cuando el euro esté en situación crítica, porque solo entonces Merkel podrá convencer a la sociedad alemana de las impopulares decisiones que habrán de tomarse, como la europeización de la deuda pública, la creación de un Fondo Monetario Europeo o el cambio de las reglas de gobernanza macroeconómica en la eurozona. Cuanto más se pueda retrasar ese momento endureciendo las políticas fiscales de la periferia, mejor. El problema de esta interpretación es que no está nada claro que para Alemania acabe siendo menos gravoso salvar el euro cuando las economías europeas estén al borde del abismo que atajando desde el principio las dudas sobre la solvencia de estos países, bien mediante estímulos fiscales en Alemania, o mediante garantías más creíbles a sus emisiones de deuda.

La otra interpretación es que, sencillamente, lo que hemos presenciado es una muestra de que Alemania no está dispuesta a sacrificar los principios orientadores de su política económica nacional para salvar la unión monetaria. Si así fuera, el futuro del euro quedará en manos de la capacidad de sacrificio de las economías y sociedades de los países de la periferia en términos de desempleo, recortes en Estado de bienestar y estancamiento económico. Y como bien saben quienes están especulando en los mercados de deuda de estos países, la capacidad de aguante de las sociedades democráticas no es infinita.

José Fernández Albertos es científico titular del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos.