Los planes de formación fracasan por falta de interés de las empresas

Las empresas no han dedicado demasiado tiempo en preparar planes de formación para sus plantillas afectadas por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Y eso que el Gobierno lleva financiando esos cursos de forma casi ininterrumpida desde febrero de 2009, como un apoyo a las prestaciones por desempleo que reciben los trabajadores incursos en dichos expedientes. Ni siquiera la revisión al alza de las condiciones para acceder a las ayudas, que ya suponen hasta 800 euros por trabajador, pactadas en julio del año pasado en la Mesa de Diálogo Social, han reactivado un modelo que puso en marcha el anterior consejero de Empleo, Joseba Azkarraga, de EA, y que ha fracasado por completo. Solo el último Gabinete de Juan José Ibarretxe presupuestó para estas iniciativas un total de 15 millones de euros.

Empleo disculpa de forma parcial la actuación de los empresarios Los cursos se llevan financiando desde el mes de febrero de 2009

A las dos iniciativas puestas en marcha por los dos últimos Gobiernos apenas si se ha acogido el 1,1% de los trabajadores que podían hacerlo al estar incluidos en un ERE. De los casi 100.000 empleados que han pasado por esa situación en uno u otro momento desde enero de 2009, en lo más duro de la crisis, menos de 1.200 han recibido formación remunerada por el Ejecutivo. De los 42.000 afectados hasta julio de 2009, cuando ya gobernaba el primer Ejecutivo socialista, sólo 394 trabajadores recibían formación.

En septiembre del año pasado entraron en vigor las nuevas medidas puestas en marcha por la consejera Gemma Zabaleta. Y los trabajadores que solicitaron la ayuda por participar en planes de formación presentados por su empresa entre ese mes y el pasado 31 de octubre fueron 590, más otros 206 que solicitaron acogerse a la segunda vía que abrió Zabaleta: pedir financiación para cursos externos a la empresa en regulación. En total, 1.190 empleados en casi dos años.

Los sindicatos tienen muy claro que las empresas son las únicas responsables de la ínfima respuesta que ha tenido el plan, cuando se podían haber aprovechado los tiempos de parada laboral forzada para reciclar a las plantillas, o bien para aumentar su especialización.

"Tan solo en los últimos seis meses, los ERE de extinción están empezando a presentarse después de duras negociaciones con planes sociales más sofisticados, aunque se debe más a la presión del Ejecutivo que a la voluntad de las empresas", asegura un dirigente de CC OO pensando en el reciente expediente de ThyssenKrupp.

UGT añade que una parte del problema es que "muchas empresas no sabían dónde iban. Si no sabían cuál iba a ser su respuesta a la crisis, ni a qué se iban a dedicar si sobrevivían a la crisis, como para ponerse a pensar en reciclar a sus trabajadores".

El Gobierno, sin embargo, disculpa parcialmente a los empresarios. La viceconsejera de Trabajo, Sonia Pérez, cree que la propia estructura de las empresas que están sufriendo regulaciones dificulta la puesta en marcha de los planes de formación paralelos. "El 90% de los ERE son de suspension o reducción de jornada, y esto implica una gran variedad de calendarios de suspension", apunta. Pérez añade que trabajar de forma rotatoria, por turnos, dias, semanas o incluso meses alternos, "dificulta la composición y organización de los grupos de formación".

A ello añade que "el 78% de los expedientes corresponden a empresas de menos de 25 personas de plantilla, y este tipo de empresas tienen menos recursos para presentar planes de formación".

Un empresario de SEA, la patronal alavesa, atribuye el escaso éxito de la iniciativa gubernamental a la virulencia de la crisis y a la afección que ha tenido, en su última parte, en el sector Servicios. Desde enero de 2009 han estado en un momento u otro afectados por un expediente de regulación de uno u otro tipo cerca de 100.000 trabajadores en Euskadi, aunque en la actualidad sólo unos 29.000 siguen inmersos en uno.