El péndulo político

En una semana pueden suceder muchas cosas, y a veces un acontecimiento puede desplazar la atención de aquello en que hasta entonces había estado centrada. Es lo que ha sucedido con la huelga repentina de los controladores, a la sombra de la cual el balance político de las elecciones catalanas pasó de inmediato a un segundo plano.

Las elecciones del domingo 28 dejaron un sabor amargo para los socialistas, agradable para los populares y sobre todo dulce para el sector mayoritario del nacionalismo catalán. Las frustraciones de unas elecciones ganadas sin victoria, de un acuerdo sobre el Estatuto no remunerado y del escaso rédito de una más que notable actuación en las Cortes del grupo de CiU han dejado paso a un triunfo que puede llevar a una prolongada hegemonía nacionalista en lo que es ya mucho más Catalunya que Cataluña. Además, la respuesta de PSC y PSOE a la derrota no pudo ser más pobre. Ninguna explicación en profundidad. Menos algún atisbo de autocrítica. Y una dimisión de Montilla seguida de una sucesión temporal impuesta desde arriba, eludiendo la discusión democrática de rigor mediante un Congreso extraordinario, como sucediera en 2001 con el PS de Euskadi. La vertiginosa caída en las encuestas fue el premio anticipado a los errores en cadena. El PP empieza a saborear de antemano una victoria no ganada, por otra parte, con sus méritos.

En vez de mostrar sentido de Estado, el PP pedirá "responsabilidades" El juego de los controladores nos lleva a un terreno de guerra sucia

Paradójicamente, tenga o no reflejo en los sondeos, la réplica del Gobierno Zapatero a la crisis de los controladores ha ofrecido otro cariz, y de paso evidenció las enormes limitaciones de la forma de oposición elegida por el PP. El fondo de la cuestión es diáfano: en respuesta a una actuación legal del Gobierno, un grupo profesional privilegiado y monopolista, los controladores aéreos, renuncian a activar los mecanismos asimismo legales de que disponen para declarar huelga, sino que rompen la baraja y provocan un caos total en el espacio aéreo español, e indirectamente en el europeo. La respuesta del Gobierno no pudo evitar los tremendos costes de la huelga salvaje, pero puso en marcha las disposiciones legales que la cortaron de raíz mediante la declaración de estado de alarma. Poco hay que añadir. Era de esperar que ante un panorama tan claro el PP respaldara la medida, traduciendo así en el plano político la convicción generalizada de la opinión pública española. No ha sido así.

La primera intervención televisada de González Pons mostró ya la pauta a seguir: rechazo de la huelga, si bien seguido inmediatamente de una cascada de reproches más o menos claros. El Gobierno debiera haber previsto lo que iba a pasar, puso en marcha la normativa en el mal momento de la víspera de las vacaciones, Zapatero opta por no dar la cara a lo que sucede y luego, sirviéndose de los medios afines, siembra de inseguridades, dando cauce a las protestas de inocencia de los controladores, a la expresión de las durísimas condiciones de trabajo que sufren, a sus reproches genéricos dirigidos contra el Gobierno y AENA. Así, en lugar de dar por una vez ejemplo de sentido del Estado, el PP exigirá "responsabilidades" al Ejecutivo en el Congreso, debilitando de este modo la defensa de los intereses públicos asumida por el Consejo de Ministros.

Conviene recordar que el problema seguirá ahí, después del estado de alarma. El juego de estos grupos en posición de monopolio, con huelgas de celo y presión permanente a favor de la misma, por no hablar de las angustias generalizadas, las depresiones colectivas y los certificados médicos que no honran precisamente a quienes los emiten, nos llevan a un terreno de guerra sucia donde hace falta el respaldo colectivo a la ley, para evitar que lo ocurrido vuelva a repetirse. Si el PP y sus círculos mediáticos insisten en la maniobra de la confusión, quedará en entredicho, más claramente que nunca, su capacidad para desempeñar una gestión política según criterios de elección racional y no de adecuación al predominio de los intereses privados. De momento, los dirigentes de los controladores pueden agradecerles su insólita actuación.