Columna
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El prestigio de la escasez

Que los controladores aéreos, un grupo profesional cuyos efectivos numéricos se cifran en 2.386, se hayan creído capaces de ponerse España por montera, de cerrar su espacio aéreo y de tomar como rehenes a más de 600.000 pasajeros indica el grado de perturbación a que les ha llevado la defensa a todo trance de unos privilegios exorbitantes, acumulados durante años por el procedimiento del chantaje sobre Gobiernos sucesivos. El punto culminante de este desatino se alcanzó en 1999 cuando el sin par Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, traspasó a los controladores aéreos atribuciones plenas para que dispusieran a su antojo de un servicio público esencial. De manera que, a partir de ahí, los controladores aéreos tomaron en sus manos todas las decisiones claves para su prestación, como resultan ser las referentes al personal, su reclutamiento, su instrucción, su habilitación, la organización de su trabajo, el régimen laboral, los turnos, las vacaciones, las libranzas o el modo de computar las horas extraordinarias.

Una vez que se saben imprescindibles, se afanan, insaciables, en lograr rentas exorbitantes

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Aquel trueno autoritario que parecía ser Paco Álvarez Cascos no tuvo sin embargo empacho alguno en rendir tanto el Ministerio de Fomento como la empresa pública AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) a los controladores aéreos. Aunque debemos reconocer que la grave dejación de competencias de Cascos venía ya incoada por su predecesor en Fomento, Rafael Arias Salgado, iniciador en su día de una extraña operación de outsourcing progresivamente ampliada. Bajo esa pauta, las atribuciones específicas, ministeriales y empresariales se fueron resignando de modo paulatino a favor de los propios afectados-beneficiados. En resumen, que los controladores en lugar de quedar sometidos al imperativo de esas normas habían acabado apoderándose de las mismas y erigiéndose en propietarios de la función de servicio público que les incumbía en el espacio aéreo. Estábamos así ante un caso paradigmático de "la ley de caza hecha por el conejo".

Los controladores aéreos cristalizan en ese sistema bien conocido que fundamenta la crecida de los privilegios en el prestigio de una escasez buscada y sostenida a todo trance. Por eso, tratan primero de asegurarse la imposibilidad de ser relevados. Entonces, una vez que se saben imprescindibles, se afanan, insaciables, en derivar de ahí una renta de situación, cada vez más exorbitante. Estamos ante una tendencia universal, la de sacar ventaja del monopolio, que sucede o se intenta en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, yéndonos a otra galaxia, en el nunca bien ponderado cuerpo de Registradores de la Propiedad, que ha logrado también poner a su nombre la función pública registral y convertirla en un negocio privado de su Corporación profesional.

Más sencillo tal vez para los mayores sería recordar que la escasez como bandera, el numerus clausus como garantía maltusiana de relevancia corporativa, fue norma durante décadas en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería y Arquitectura. Pero su escasez no fue garantía de excelencia.

En todo caso, el abandono de sus puestos de trabajo que hicieron los controladores, desconectando y cerrando con llave para que tampoco nadie pudiera relevarles, configura una conducta de absoluta irresponsabilidad, salvaje, sin precedentes, cuya gravedad en forma alguna puede disimularse. Es como si los bomberos llamados a intervenir se negaran y se fueran a casa con las llaves de los coches contra incendios.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que lleva años a la búsqueda de cómo liberarse y cómo liberarnos del chantaje reiterado a que nos viene sometiendo este colectivo extorsionador, ha reaccionado de forma ejemplar, en términos de gradualidad y proporcionalidad inatacables, mediante la aplicación de las leyes que permiten traspasar la Navegación Aérea al Ejército del Aire y la movilización del personal civil a su servicio. Además, para asegurarse el automatismo de la obediencia ha procedido a la declaración del estado de alarma, conforme al artículo 116 de la Constitución. Bien hecho. Las Fuerzas Armadas -que durante tanto tiempo formaron parte de la amenaza nacional con la encomienda de tenernos "atados y bien atados y excluidos de las libertades"- han reaparecido para ser nuestra Defensa y desanudar el chantaje de los controladores.

Venir ahora a invertir la carga de la prueba y emplazar al Gobierno es grotesco, un género que domina Mariano Rajoy, a quien vimos en Lanzarote pronunciarse como si fuera un mero turista, o Esteban González Pons, envalentonado con la ventaja de las encuestas donde por ahora tamaños errores carecen de reflejo alguno. Atentos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 07 de diciembre de 2010.

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