Juego de responsabilidades

El colapso del espacio aéreo llevado a cabo por los controladores el pasado día 3 de forma inadmisible, censurable y que exige depurar responsabilidades, no se puede quedar en eso y es obligado también analizar la actuación del Gobierno.

El Gobierno dice que se vio sorprendido por una actitud inesperada, pero ¿tenía el Gobierno que haber previsto esta u otras reacciones de los controladores? Mi opinión es que sin duda.

Ya en febrero de este año, y luego en abril, se aprobaron leyes, con el voto favorable del PP, que establecían nuevas condiciones laborales para este colectivo. El ministro Blanco creyó que con eso y con desprestigiar a los controladores haciendo públicas sus nominas tenía ganada la batalla, sin caer en que eso vale para Ferraz pero no para el ministerio. En agosto, el Gobierno aprueba el real decreto 1001/2010, que regula el cómputo de horas, y genera un aviso de huelga que se neutraliza con la promesa de sentarse a negociar hasta alcanzar un acuerdo. Pero ese acuerdo todavía no se ha cerrado y, mientras tanto, la situación se ha ido deteriorando y hemos visto cómo las pasadas semanas, a retrasos intermitentes, se han añadido cierres nocturnos del aeropuerto de Santiago, amenazas de cierre en Canarias y Baleares y una clara incapacidad de AENA para resolver el conflicto.

Ante todo esto, el Gobierno lleva al Consejo de Ministros del viernes un real decreto ley en el que no solo regulaba la posible venta del 49% de AENA, sino también modificaba la ley de seguridad aérea y los cómputos laborales.

¿Justifica esto la postura de los controladores? Sin duda no. Pero esa no es la cuestión, la cuestión es si el Gobierno sabía que se podía llegar a un caos y si supo tomar las medidas preventivas necesarias.

Es tan evidente que el Gobierno lo sabía, que del texto del decreto ley que llegó al Consejo de Ministros al que se publicó en el BOE hay dos modificaciones esenciales en la Disposición Adicional Segunda: la intervención de los servicios médicos de AENA ante una indisposición del controlador y el refuerzo al sometimiento del control del Ministerio de Defensa en los casos previstos en la Ley de Seguridad Aérea.

Por tanto, vemos que el Gobierno ha sido incapaz desde febrero de solucionar un problema para el que contaba con el apoyo del PP. Que desde agosto se viene incrementado el riesgo de conflicto. Pero que en lugar de adoptar medidas para evitar que el caos se produjera, que podía y debía haberlo hecho, solo se preparó para poder adoptar medidas más coercitivas en caso de conflicto.

Y ante ese desgobierno y falta de previsión, y una vez producido el colapso, el remedio tiene que ser una medida tan excepcional como que es la primera vez que se adopta en España. Innecesaria si las cosas se hubieran hecho bien.

Y todo ello, sin analizar la "chapuza jurídica" del primer decreto de militarización del viernes y el necesario acuerdo del Consejo de Ministros del sábado.

Por tanto, el Gobierno ha sido superado por los acontecimientos, tiene responsabilidad más que evidente y demuestra una vez más que está acabado y falto de ideas.

Por cierto, el convenio de los controladores de 1999 fue copia de su estatuto de 1992, con la diferencia de que se preveía duplicar su número. Para ello el PP creó 1.176 plazas y el PSOE ha creado 246. El convenio venció en diciembre 2004 y se ha prorrogado hasta hoy. ¿Quién ha hecho posible que los controladores cobren sueldos exorbitantes por acumulación de horas extraordinarias ante la falta de personal?

Andrés Ayala es portavoz de Fomento del PP