"Por fin somos legales"

Treinta años ha esperado Tele Cardedeu, en la zona del Montseny barcelonés, para ser legal. La pionera de las televisiones locales en España está a punto de obtener una licencia y abandonar así una prolongada etapa en el limbo legislativo. El Ministerio de Industria tiene ya redactado el real decreto "de prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro" que sacará de la alegalidad a las llamadas televisiones "de proximidad". Y entre ellas, Tele Cardedeu y la madrileña Tele K son las que abanderan este grupo de emisoras comunitarias. "Por fin existimos", dice eufórica la directora de Tele Cardedeu, Carolina Blasco. "Acaba una situación de anormalidad jurídica y de alegalidad", comenta Francisco Pérez, impulsor de Tele K, la televisión local de Vallecas, que está en el aire desde 1992.

Las cadenas locales, que no son públicas ni privadas, emitirán en abierto

Las licencias serán otorgadas por las Comunidades Autónomas

Por fin el Gobierno se ha decidido a regularizar la situación de una docena de operadores que venían funcionando sin ningún respaldo legal. No son ni televisiones públicas ni privadas. Su objetivo, tal y como ahora recoge el real decreto en su exposición de motivos, es atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de grupos sociales, fomentar la participación ciudadana y vertebrar el tejido asociativo.

"Esta es la primera vez que se reconoce la existencia de medios de comunicación más allá de los públicos y los privados", dice Blasco. "Para nosotros es como ver la luz al final de túnel. Es el colofón a 30 años luchando por hacer algo diferente y participativo en nuestro ámbito de cobertura".

En la misma onda se ha movido Tele K, que acaba de firmar un acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid para la formación de profesionales del sector audiovisual en sus instalaciones. Enseñanzas similares ha impartido la emisora catalana a periodistas, productores y técnicos que ahora trabajan en TV-3 o en TVE.

Para obtener una licencia, estas televisiones deberán cumplir determinados requisitos: emitir en abierto, sus contenidos no serán comerciales y no podrán gastar más de 100.000 euros al año. Estos canales estarán gestionados por entidades sin ánimo de lucro y no se podrán arrendar. Las licencias serán otorgadas por las comunidades autónomas con validez será de 15 años, al igual que las cadenas privadas.

Según el texto presentado por Industria al Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para Sociedad de la Información (Castsi), con esta norma queda resuelto "el problema de las televisiones comunitarias", afirma Pérez. "Nos da lo mismo que Esperanza Aguirre no nos diera una licencia", dice irónico el impulsor de Tele K, cuya candidatura quedó fuera de las concesiones de televisión local en TDT que el Gobierno de Aguirre adjudicó en la Comunidad de Madrid en el pleno verano de 2005.

En el marco de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información, las televisiones sin ánimo de lucro nacidas antes de 1995 podrán seguir emitiendo en el mismo ámbito de cobertura siempre que estén funcionando desde antes del 1 enero de 2009. Si se cumplen estas condiciones, la comunidad autónoma "deberá otorgar la licencia", dice el real decreto en la disposición transitoria. Pérez alerta ante la posibilidad de que entidades de variopinto pelaje y objetivos poco claros intenten hacerse pasar por lo que no son para intentar conseguir una licencia.

En España emiten alrededor de una docena de televisiones comunitarias (una gran parte en Cataluña). Sobreviven básicamente con aportaciones de los socios, subvenciones y patrocinios. Según el real decreto, deberán justificar la procedencia de sus fondos y el desglose de gastos e ingresos. "Salvo autorización expresa" de la comunidad, sus gastos de explotación anuales no podrán superar los 100.000 (50.000 si se trata de una radio). La ley audiovisual no permite la publicidad y tampoco el patrocinio.

Fuera de esta regulación quedan las radios de carácter cultural, que ahora reivindican su derecho a contar con una frecuencia legal. Pero el radiofónico es un sector con una asignatura pendiente: cerrar las 3.000 emisoras piratas que saturan el dial.