A vueltas con el cementerio nuclear

Es un asunto muy delicado el del cementerio nuclear o Almacén Temporal Centralizado (ATC) para albergar los residuos de alta intensidad de las centrales nucleares, atendiendo a su denominación oficial. La decisión vuelve a calentar los asientos del Gobierno después de unas semanas de encontrarse empantanada. La decisión, una de las más determinantes de la legislatura en el terreno industrial, quedó pendiente en el Consejo de Ministros a finales de verano y ahora el Ejecutivo se ve en la obligación de coger el toro por los cuernos para alcanzar una solución.

La pelota está en el tejado de la Vicepresidencia Primera y Ministerio de la Presidencia desde los tiempos de María Teresa Fernández de la Vega después de que el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, hiciera sus deberes y entregara el informe correspondiente con los análisis técnicos y las características de los emplazamientos que ofrecían los ocho pueblos que mostraron interés en el ATC, seleccionados con un orden de preferencias hecho por expertos.

Sin embargo, desde entonces, se ha ido retrasando, seguramente por la polémica que se generó, desde incluso antes de que se presentara el informe, entre partidarios y detractores de esas poblaciones -incluyendo partidos políticos- y, sobre todo, de la que aparecía como favorita, la valenciana de Zarra, que han llevado sus protestas a las puertas de La Moncloa y el viernes lo hacía frente a la Generalitat valenciana. También influyó en esa paralización el proceso electoral en Cataluña, ya que todos los grupos políticos rechazaron el emplazamiento, o no quisieron mojarse, de Ascó (Tarragona), que contaba con muchas posibilidades al tener dos centrales nucleares y cuyo ayuntamiento (CiU) presentó la candidatura. También vecinos de la zona de Ascó se encerraron el jueves para protestar ante una eventual aprobación del cementerio en la localidad. Ahora, con ese escollo electoral superado, es posible que se aclaren más las cosas, aunque la dirección de CiU se pronunció en contra, pese a que sus concejales en Ascó, junto a los del PSC, votaron a favor.

La cosa está que arde. Pero el objetivo sigue siendo que se apruebe antes de que acabe 2010. Según la literalidad del 6º Plan General de Residuos Radiactivos de 23 de junio de 2006, "el ATC debería estar operativo en torno a 2010, porque en esa fecha España ha de hacerse cargo de residuos radiactivos procedentes del reprocesamiento en Francia de combustible gastado y se produce la saturación de las piscinas de almacenamiento de las centrales nucleares españolas". También se creó una comisión interministerial para velar porque el proceso de toma de decisiones sobre el emplazamiento fuera respetuoso "con los principios de publicidad, concurrencia y transparencia".

El tiempo ha corrido en contra y el caso es que se acerca irremisiblemente el final de 2010 y, a partir de enero de 2011, España tendrá que pagar 60.000 euros diarios a Francia mientras los residuos de centrales españolas sigan en los almacenes franceses. El periodo estipulado por contrato para trasladarlos es de cinco años, lo que significa que la cantidad total ascendería a casi 110 millones de euros, sin contar alguna otra penalización que también es previsible y está contemplada en contrato. Eso obliga a la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), que es la encargada del almacenamiento en España, a dotar esa cantidad. La construcción del almacén lleva en torno a tres años, por lo que la empresa que preside José Alejandro Pina tendrá que cumplir religiosamente durante muchos días, semanas, meses y años con la obligación de depositar día a día esos 60.000 euros y negociar otros flecos para que no suba la minuta e incluso lograr alguna rebaja.