Un Gobierno extraviado

Rafael Blasco, conseller de Solidaridad y Ciudadanía, que ya es nombre para una Consejería, decidió que en su Comunidad hay poco trabajo para los jueces, y se animó a presentar una querella, de todo punto temeraria, contra el portavoz del PSOE Ángel Luna, que lleva meses ejerciendo de azote del Gobierno de Camps. Temeraria porque se refería a unos hechos de 1997, ya prescritos, como cualquiera podía colegir con mirar un calendario. Fácil. Pero el PP prefirió la publicidad a la decencia.

Ya el fiscal les llamó la atención, pero ahora ha sido el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Climent, quien ha desestimado la querella y entrado además en otras consideraciones, se supone que para no dejar cabos sueltos. En su argumentación para desestimarla, no solo ha dejado claro que no hay indicios de delito, sino que va echando atrás una a una las acusaciones contenidas en la acusación del PP, que califica en varias ocasiones de "inexactas".

No parece muy inteligente este paso en falso del incombustible consejero y portavoz parlamentario Rafael Blasco -siete veces conseller, con cuatro presidentes y dos partidos- de entrar en una guerra de juzgados con lo que tiene encima el Gobierno valenciano, enfangado como está en las numerosas acusaciones que han caído en algunos de sus miembros, presidente incluido, por sus implicaciones en el caso Gürtel. Querellarse en vano y llevarse rapapolvos de la justicia refrenda la imagen de un Gobierno perdido en su ensimismamiento e incapaz de ver la gravedad de sus acciones.

Se suma este descalabro a la llamativa emisión de los llamados bonos patrióticos, anunciada por Francisco Camps, en un intento de paliar la deuda de 16.280 millones de euros que tiene la Comunidad, una maniobra muy criticada por el PP y Rajoy cuando lo hizo José Montilla para Cataluña. En el transcurso, la cosa ha mejorado mucho y ahora que la deuda es de Camps la idea de la emisión es una brillante acción política. Los recortes y la austeridad solo se le exigen al Gobierno socialista; los populares, en cambio, están autorizados a endeudarse y dilapidar el dinero de los otros sin límite ni crítica.