EA reclama un plan conjunto de las instituciones contra el fraude fiscal
El parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, reclamó ayer un plan conjunto del Gobierno y las tres Diputaciones para luchar "con rigor, eficacia y seriedad" contra el fraude fiscal, que según diversos estudios a los que hizo referencia, supone en Euskadi el 20% de su PIB, unos 10.000 millones de euros. Esta cifra casi equivale a los presupuestos de la comunidad Autónoma para el año entrante.
EA ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento en la que se insta al Gobierno y a las tres instituciones forales a elaborar, en el seno del Organo de Coordinación Tributaria (OCT), una actuación conjunta con medidas concretas para combatir este delito.
La propuesta de EA coincide con la expresada recientemente por el consejo de sabios del lehendakari, Patxi López, que recomendó al Ejecutivo y a las Diputaciones la elaboración conjunta de un "plan de inspección integral para el conjunto de Euskadi" que sea complementario con los que actualmente ejecutan las instituciones forales. Esta opción no gusta a los diputados generales de Álava y de Vizcaya.
El parlamentario de EA criticó que en la actualidad solo se descubre el 5% del fraude fiscal existente, una "ínfima parte" del total. "No tiene sentido que en este tema cada Diputación haga la guerra por su cuenta" y ello vaya "en detrimento de la eficacia". A su juicio, resulta necesario un plan en el que también participe el Gobierno. "Nadie entendería que las Diputaciones pongan pegas por defender a ultranza alguna de sus competencias aunque ello suponga ser menos eficaz en la lucha contra el fraude", sostuvo.
Ayudas sociales
Agirrezabala recordó que el impacto del fraude fiscal en la economía resulta "infinitamente mayor" que el existente con las ayudas sociales. Por este motivo, recalcó que, "sin discutir la necesidad de controlar el destino de esas ayudas", las instituicones deben dar prioridad a perseguir y evitar el fraude fiscal.
"Es irresponsable poner el foco [del fraude] solo en las ayudas sociales", como, según Agirrezabala, ha hecho Asuntos Sociales, pues ello solo sirve para "criminalizar y estigmatizar" a los sectores de la población económicamente más débiles.
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