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La investigación del 'caso De Miguel'

La comisión parlamentaria pide instrucciones al juez

Agirrezabala quiere acelerar los trabajos en la Cámara

La comisión parlamentaria que va a investigar el caso De Miguel, la supuesta corrupción y espionaje en que están imputados miembros del PNV, se dirigirá por carta al titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria para poner en su conocimiento oficialmente el inicio de sus trabajos. Además, le pedíra instrucciones sobre si debe observar alguna cautela o abstenerse de entrar en alguna materia o actuación.

La comisión imita así el proceder de la que en la anterior legislatura investigó el caso Balenciaga. En aquella ocasión, el juzgado dio total libertad de actuación a los responsables de la investigación parlamentaria y se limitó a recordarle la obligación de trasladar al juzgado cualquier indicio de delito que descubriese en sus trabajos.

Los citados a declarar podrán decidir si se les toman imágenes

El presidente de la actual comisión, el único parlamentario de EA, Juan José Agirrezabala, indicó ayer al término de la primera reunión que esa comunicación al juez es una obligación que ya está fijada en el Reglamenteo de la Cámara, como ayer recordó a los integrantes el letrado del Parlamento que asiste a la comisión.

Agirrezabala quiere imprimir un severo ritmo de trabajo a la comisión, con la idea de que cuanto antes ofrezca su dictamen mejor será. Se reunirá cada lunes hasta finales de diciembre. En enero próximo, aprovechando la menor carga de trabajo que supone el final del periodo de sesiones, lo hará tres veces por semana: los lunes, miércoles y viernes.

Uno de los primeros compromisos adoptados ayer fue el de evitar las filtraciones, así como proteger la presunción de inocencia y el derecho a la propia imagen de las personas que tengan que comparecer. "Vamos a ser muy respetuosos con lo que ellos digan", señaló Agirrezabala sobre la captación de imágenes por parte de los medios de comunicación. Las restricciones con algunos comparecientes en la comisión del caso Margüello -adjudicaciones irregulares de Osakidetza- han supuesto ya algún desencuentro entre los servicios del Parlamento y los informadores.

Los miembros de la comisión acordaron darse de plazo hasta el mediodía del próximo jueves para entregar al presidente sus peticiones de documentos y de comparecientes. La comisión adoptó también su nombre oficial, algo más breve que el contenido en la iniciativa para su constitución: finalmente se denominará "Comisión especial de investigación sobre presuntas irregularidades en los Departamentos de Cultura e Industria, y sobre el presunto espionaje por parte de agentes de la Ertzaintza". El grupo de trabajo tratará de decidir por unanimidad, pero aplicará el voto ponderado cuando ello no sea posible.

Agirrezabala precisó que los grupos coincidieron en definir cuatro líneas de trabajo. La primera es la investigación de supuestas irregularidades en la adjudicación de determinados contratos y servicios del anterior Departamento de Cultura, en referencia a los firmados con sociedades de las esposas de varios imputados. A ellas se suma el presunto espionaje a personas públicas, así como la relación entre miembros de la Ertzaintza y empresas o responsables políticos, en lo que parece una alusión a la ligazón entre los agentes y el entonces dirigente del PNV Aitor Tellería.

La tercera línea es el análisis de contratos y servicios adjudicados por la Red de Parques Tecnológicos, entre ellos la operación de compra de terrenos para ampliar el Parque de Miñano. Y, finalmente, la investigación de la compra de cantidades notables de suelo en localidades de Álava y Vizcaya, en particular Zambrana y Santurtzi.

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