El plan de Doñana eliminará más de 1.000 hectáreas de cultivo ilegal
La Junta prevé la regularización de otras 10.500 dedicadas a la fresa
El orden en el entorno de Doñana parece más cercano. Las tres consejerías implicadas en la elaboración del plan especial de regadíos de Doñana -Obras Públicas, Medio Ambiente y Agricultura- ultiman el proyecto y su exposición pública. Hoy está previsto que los representantes de estos tres departamentos vuelvan a reunirse para perfilar este plan, que contempla la supresión de entre 1.000 y 1.500 hectáreas de regadío ilegal, según indicaron ayer fuentes de la Junta. "La cifra definitiva todavía no está cerrada", añadieron las mismas fuentes.
El plan prevé la regularización final de unas 10.500 hectáreas, la mayoría en Almonte y Moguer. El problema surge con las más de 1.000 hectáreas que se han dedicado a la fresa ilegal tras la aprobación del Potad (Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana) en diciembre de 2003. El plan de regadíos lleva atascado desde 2007, cuando la Junta se comprometió a elaborarlo. Los agricultores y los municipios de la zona presionan para lograr seguridad jurídica a las explotaciones freseras. Pero no es solo un problema de los agricultores, los cultivos se abastecen del maltrecho acuífero 27, la principal fuente de Doñana.La comisión de desarrollo sostenible del entorno de Doñana, compuesta por ayuntamientos, asociaciones agrarias, empresarios, CSIC y ecologistas, se reunió ayer en Almonte (Huelva) y discutió durante casi tres horas las ventajas del proyecto.
El Gobierno regional quiere impulsar una gestión "colectiva" del agua
La asociación ecologista WWF elaboró el año pasado un informe sobre los regadíos ilegales de Doñana. La Junta reconoció ayer que ha utilizado como punto de partida este estudio, de 35 páginas, en el que se muestra con imágenes de satélite la proliferación de terreno cultivado a partir del Potad de diciembre de 2003. El cálculo de WWF eleva a 1.688 el número de hectáreas nuevas. De ellas, puntualizan los ecologistas, podría haber alguna legal, por lo que la cifra de 1.500 hectáreas a eliminar les parece razonable.
En el informe de WWF se especifica que, de las 1.688, unas 1.300 hectáreas son indiscutiblemente ilegales. 590 están en zona de monte forestal donde se prohíbe la transformación del uso y la implantación de nuevos usos agrícolas. Otras 400 hectáreas se engloban en la zona 1, donde se prohíben nuevas captaciones de agua y la extracción de recursos hídricos. Por último, habría entre 200 o 400 hectáreas ubicadas en zonas sensibles por su cercanía a arroyos.
La Delegación de Medio Ambiente de Huelva sostuvo ayer que se tratará de forma "muy diferente" a los que cargan con expedientes sancionadores y denuncias que a los freseros cuyas fincas entraron en zona no cultivable tras la aprobación del Potad o lo han aumentado sin conocimiento exacto de la ilegalidad de la ocupación. En algunos casos, incluso se habla de compensaciones o reubicaciones.
La ordenación de los regadíos que rodean al espacio natural ya estaba contemplada en el segundo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en junio de este año. En este programa -que también apunta a la "eliminación de todos los pozos ilegales existentes" que extraen agua del acuífero- se plantea la reorganización de la actividad agraria y las extracciones a través del plan espacial de ordenación de las zonas de regadíos.
El plan de sostenibilidad aprobado en junio instaba a "concentrar la capacidad de gestionar el uso del recurso hídrico en comunidades de regantes" para "evolucionar de un parcelario pequeño con intensa demanda particularizada de provisión tanto de infraestructuras como de servicios a un contexto de gestión colectiva y centralizada del agua". Además, se hablaba ya de la "recolocación de determinadas parcelas" en la franja fresera del norte y del noroeste del parque. Esta "recolocación" se haría con las parcelas que estén "mal ubicadas y con malas condiciones de ordenación". La Junta proponía situar esas explotaciones en "nuevas zonas diseñadas de forma adecuada a sus necesidades, con gestión centralizada del recurso hídrico".
En el segundo Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana también se prevé la puesta en marcha de una oficina técnica de regularización de las explotaciones de la zona para revisar "la situación de los derechos legales de ocupación de las explotaciones, los derechos de explotación de pozos, de conexión eléctrica..." El objetivo es "facilitar la regularización a todas las explotaciones que cumplan con los requisitos". Además, la oficina colaborará para que se constituya la comunidad de regantes.
